La cartera de Infraestructura reveló que, a pesar de los aumentos extravagantes de electricidad durante los últimos años, las inversiones no crecieron y se incrementaron las ganancias de las empresas.

Por Ezequiel Ian Pérez.

A raíz del análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las distribuidoras eléctricas, la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos publicó un informe lapidario para las distribuidoras eléctricas y la gestión de María Eugenia Vidal.

“El resultado de este informe demuestra que en los últimos años se autorizaron aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas”, adelanta el documento entre sus primeras líneas.

Según detalla el documento, entre 2016 y 2019, los ajustes tarifarios aplicados por las compañías, sumados a una fuerte quita de subsidios por decisión del Ejecutivo Nacional, significó “aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años”.

La @BAProvincia detectó aumentos injustificados y falta de inversión por parte de empresas distribuidoras de Energía. Las conclusiones se desprenden de la última Revisión Tarifaria Integral realizada por la Subsecretaría de Energía bonaerense pic.twitter.com/Jc2SJ9V2Is

— Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos (@MInfraPBA) September 22, 2020

No obstante, el organismo provincial asevera que “este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones”.

En efecto, el informe detalla que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $12.092 millones. Sin embargo, advierten que no existió un “cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas”.

También se agregó, en este sentido, que “en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados”.

Entre tarifazos y poca inversión, se elevaron las ganancias

Los incrementos tarifarios, sumados a los irregulares controles por parte del ejecutivo provincial y la consecuente falta de inversiones conformaron un cóctel de ensueño para las concesionarias del servicio eléctrico.

Como resultado, mientras las compañías incrementaron sus ganancias, los ciudadanos no sólo pagaron cada vez más, sino que obtuvieron a cambio un servicio deteriorado.

Esto fue consignado en el informe del Ministerio de Infraestructura, que destacó: “Esa falta de inversión quedó reflejada en la mala calidad y confiabilidad del servicio que presentó durante los últimos cuatro años numerosos eventos de interrupción del servicio eléctrico”.

Respecto al “crecimiento sostenido de las ganancias de las distribuidoras eléctricas”, la Revisión Tarifaria Integral arrojó que entre 2015 y 2019, el incremento de las ganancias de las cuatro empresas distribuidoras de la jurisdicción fue de “entre 498% y 644%”.

En este sentido, detallaron que dichos incrementos, “lejos de destinarse a mejoras en la red, se vieron reflejados en el incremento sustancial de los dividendos distribuidos”.

Esto quiere decir que las ganancias, que sumaron entre 2016 y 2019 “un monto de 309 millones de dólares”, se dirigieron más al patrimonio de los accionistas que a mejoras en la infraestructura de la compañía y al servicio prestado a los bonaerenses.

La desidia estatal, clave 

Sin dudas, los procesos de desinversión no serían posibles sin una irregular supervisión del Estado sobre las obligaciones que le corresponden a las empresas. En este sentido, desde la provincia destacaron que “la falta de control fue otro rasgo distintivo que se analiza en el informe”.

Desde la cartera que encabeza Agustín Simone, cuestionaron el “abandono” del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA) durante la administración de Vidal.

“No existió por parte del Estado la implementación de los controles establecidos por la normativa vigente”, indicaron en el informe.

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Al respecto, detallaron: “Sólo se realizaron el 3% de las auditorías técnicas reglamentarias y el 10 % de las comerciales. Tampoco se implementó por parte de la autoridad de aplicación la contabilidad regulatoria, herramienta fundamental de control sobre la gestión de las empresas”.

Además, evaluaron que el informe fue “concluyente”, a lo cual añadieron que “el modelo de tarifas altas para usuarios no significó una mejora en la calidad de la prestación del servicio”.

Por último, sentenciaron: “Si a eso se suma un Estado que abandonó su función de control y seguimiento sobre la ejecución y la inversión de obras, el resultado fue una ganancia millonaria para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y un claro perjuicio para los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”.