

Este lunes, la Municipalidad de La Plata salió a aclarar algunas de las sospechas que trascendieron en los últimos días en torno al caso policial protagonizado por la funcionaria de la comuna, Carolina Píparo, y su esposo, Juan Ignacio Buzali.
“Desde el municipio queremos informar que en todo momento se ha trabajado en forma coordinada con la fiscalía para colaborar en la investigación llevada a cabo”, inicia el documento, titulado “La Verdad”.
En este sentido, aseguraron que “todas estas acciones permitieron a la justicia comprobar los recorridos realizados por el automóvil de Carolina Píparo, en instancias previas y posteriores al robo, a fin de esclarecer lo sucedido”.
Entre otras cuestiones, aclararon que “la Justicia obtuvo toda la información de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo”. Al respecto, se detalló que “se entregaron a la Fiscalía todos los elementos de prueba recolectados, con sus respectivos originales sin edición”.
Desde el Gobierno que encabeza Julio Garro destacaron, además, que se entregó una copia de este material a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Tras destacar la cantidad de material puesto a disposición, informaron que “se dispuso iniciar una investigación interna con el objetivo de recolectar todo el material complementario posible”.
Hacia el final, el comunicado tomó una inesperada dirección, al introducir en el argumento la inundación de 2013, que se cobró una gran cantidad de vidas en la capital bonaerense.
El desenlace inició con la valoración de la “gran inversión llevada adelante en los últimos cinco años” por la administración de Cambiemos-Juntos por el Cambio, a cargo del actual intendente. En esa línea, destacaron que “posibilitó recuperar parte del enorme atraso en infraestructura y tecnología en materia de seguridad de nuestra ciudad”.
En relación con esto, se mencionó la creación del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), “equipado con 1.000 cámaras de última generación, las cuales permitieron, en las primeras horas de ocurridos los hechos, aportar todo el material probatorio valioso para la investigación”.
Allí fue que salió a escena el desastre natural más importante de la historia de nuestra ciudad.
“En ese aspecto, queremos recordar que durante la trágica inundación del 2013 que afectó a nuestra ciudad, el municipio no pudo proveer ningún tipo de material fílmico a la Justicia, producto de la falta de transparencia y las precarias instalaciones con las que se contaba”, subrayó la comuna.
A continuación, cuestionaron que “los mismos que hoy buscan dañar a la gestión municipal con falsas noticias y especulaciones políticas, son quienes se encontraban gobernando y fueron responsables de entorpecer el proceso judicial, ocultar la verdad y evitar que las pruebas y evidencias salgan a la luz”.
Tras el siniestro automovilístico protagonizado por Buzali, que era acompañado por Píparo en la madrugada del 1 de enero, el accionar del municipio de la capital bonaerense quedó en la mira.
Diferentes indicios generaron fuertes sospechas entre la ciudadanía, en un caso que excedió los límites de la ciudad, de que la comuna encubría a su secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género y diputada bonaerense de Juntos por el Cambio.
En primer lugar, la presencia del secretario de Seguridad de La Plata, Darío Ganduglia, en Plaza Moreno esperando a la pareja, que huía tras atropellar a dos jóvenes y arrastrar su motocicleta bajo el auto por más de una cuadra.
Recientemente se descubrió que, en la fuga, mientras eran perseguidos por amigos de los damnificados, pasaron por la puerta de la comisaría 4ta de La Plata. Sin embargo, no frenaron allí para pedir ayuda ni esclarecer el hecho.
Además, en las horas posteriores al hecho, la viralización de videos de cámaras de seguridad de la Municipalidad sobre la secuencia visiblemente editados también motivó indignación en las redes sociales. En relación con esto, este lunes fue allanado por la DDI el Centro de Operaciones y Monitoreo de la ciudad, para dar con todo el material disponible.
Lo cierto es que, hasta el momento, la hipótesis de que los jóvenes arrollados eran los mismos motochorros que habían asaltado a Píparo una hora antes pierde fuerza.
Cabe aclarar, también, que aún si se hubiera tratado de los delincuentes, el ataque perpetrado no es contemplado como legítima defensa, por ocurrir con amplia distancia espacio-temporal del momento de la amenaza.
En los últimos días, incluso se puso en duda la existencia del presunto robo, en un caso repleto de dudas y sospechas desde un primer momento.