La Justicia de La Plata prohibió el ingreso de nuevos pacientes a la Clínica Neuropsiquiátrica S.A., ubicada en 6 entre 34 y 35, tras una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que reveló presuntas torturas, malos tratos y graves deficiencias en la atención de las 72 personas internadas.
Sociales | 14 nov 2026
La Justicia de La Plata prohibió el ingreso de pacientes a una clínica neuropsiquiátrica con graves denuncias
10:48 |La medida alcanza a la Clínica Neuropsiquiátrica S.A. de La Plata, donde detectaron presuntos malos tratos, sobremedicación y graves irregularidades.
La decisión fue adoptada por la jueza María del Rosario Rocca, titular del Juzgado de Familia N° 6, luego de un habeas corpus colectivo presentado por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. La magistrada dispuso que no podrán ingresar nuevas personas al establecimiento “hasta tanto se verifique de manera fehaciente el cese de las vulneraciones de derechos denunciadas”.
La resolución se conoció después de que el organismo constatara una serie de prácticas contrarias a la Ley de Salud Mental, entre ellas el uso de medicación como castigo, sujeciones mecánicas y la intervención de policías para intimidar a pacientes. También se identificaron problemas edilicios, falta de profesionales y situaciones de abandono en la atención cotidiana.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a la institución, que ya había sido denunciada por una paciente que aseguró haber sufrido torturas y abandono durante una internación involuntaria. Tal como informó 0221.com.ar en septiembre, aquella presentación dio origen a una investigación penal por distintos hechos ocurridos entre abril y mayo de este año.
Graves irregularidades en la clínica neuropsiquiátrica de La Plata
Durante el monitoreo, la CPM detectó que el establecimiento contaba con un máximo de cuatro enfermeros por turno para atender a 72 personas internadas. A esa situación se sumaban la falta de abordaje interdisciplinario, la escasez de actividades significativas para los pacientes, el maltrato verbal y físico y la ausencia de acompañamiento profesional ante situaciones de crisis.
Uno de los puntos más graves de la denuncia fue la participación de personal policial dentro de la institución para amenazar o amedrentar a personas internadas con el objetivo de administrarles medicación inyectable o someterlas a sujeciones mecánicas. Frente a estos hechos, la jueza prohibió expresamente ese tipo de intervenciones.
La inspección también reveló condiciones edilicias precarias, con humedad, desprendimientos en techos y paredes, conexiones eléctricas riesgosas y habitaciones que no reunían condiciones adecuadas de habitabilidad. Además, se encontraron problemas de higiene y falta de accesibilidad para personas que utilizan sillas de ruedas.
Ante este panorama, el fallo ordenó reubicar a quienes permanecían alojados en espacios inhabitables hasta que finalizaran las refacciones. También dispuso trasladar a las personas con movilidad reducida a habitaciones con baños adaptados y estableció que no podrán ingresar menores de edad hasta que se garantice un sector separado y un abordaje diferencial respecto de los adultos.
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