El informe del INDEC confirmó que la pobreza trepó al 32,3% y la indigencia se ubicó en el 7,5% durante el primer semestre del año, registrando un salto de 4,1 puntos porcentuales respecto a los guarismos de fines del ejercicio anterior. Sin embargo, la alarma política en Balcarce 50 se encendió por los cálculos de centros de estudio alternativos y consultoras económicas que, al corregir el sesgo de subdeclaración de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), ubican el piso real del malestar social cerca del 45%, rozando el umbral crítico del 50% en los aglomerados urbanos del conurbano.
El informe oficial evidenció que el encarecimiento de la Canasta Básica Total (CBT) —que trepó por encima de las paritarias medias de los sectores informales y de servicios— actuó como la principal guillotina sobre la clase media empobrecida. Con una brecha de pobreza que se amplió al 35,9% debido a que las canastas familiares superaron el ritmo de recomposición de los ingresos en el período estudiado, la efectividad del superávit de caja para frenar la exclusión quedó severamente cuestionada. El dato más desgarrador se concentra en el segmento de 0 a 14 años, donde la pobreza infantil escaló al 44,5%, hipotecando la sustentabilidad de la recuperación.
Para el armado político de La Libertad Avanza, la consolidación de estos números dinamita el discurso del despegue en "V" de cara a las batallas electorales del 2027. En el mapa de gobernabilidad que maneja el "Triángulo de Hierro", el deterioro del poder adquisitivo en el Gran Buenos Aires —donde residen casi 4,9 millones de personas en condición de pobreza— descompone el colchón social en el territorio clave disputado por la estructura de Axel Kicillof y el peronismo reorganizado. La pérdida del control del bolsillo popular obtura la posibilidad de sostener la disciplina fiscal sin pagar un costo institucional desmedido.
En el Palacio de Hacienda intentan aminorar el impacto señalando que los índices del semestre reflejan el piso del reacomodamiento de precios relativos y que los niveles actuales se sitúan por debajo del pico heredado del último tramo de la gestión anterior (41,7%). No obstante, los analistas del mercado y la oposición remarcan que el deterioro reciente obedece de manera directa a la combinación de licuación salarial, estancamiento del empleo industrial y encarecimiento de las tarifas residenciales. El fantasma del desempleo se suma ahora a la recesión como un nuevo factor de licuación de adhesiones electorales.
El impacto de las cifras recalentó de inmediato el recinto del Congreso y las cancillerías internacionales, en momentos en que el Riesgo País navega por encima de los 900 puntos y el crédito voluntario permanece cerrado. Los bloques opositores endurecieron su ofensiva legislativa para exigir la aprobación compulsiva de leyes de emergencia alimentaria y presupuestaria para las universidades y provincias, amenazando con perforar la capacidad de veto del Presidente. La perdida del manto de "invencibilidad electoral" acorta los plazos de tolerancia de los aliados dialoguistas.
El dato de pobreza proyectado al 45% pone a la gestión libertaria frente al espejo más severo de la realidad socioeconómica. Con las métricas de redes sociales exponiendo un rechazo del 80% y el mercado podando las expectativas de crecimiento al 0,7%, la acumulación de tensión en los barrios populares del país proyecta una larga sombra sobre las aspiraciones de reelección del esquema oficial. El margen de maniobra política del Gobierno se consume en la trinchera del consumo.