Dirigentes de los centros de estudiantes denunciaron que las fuerzas de seguridad nacionales los desalojaron mediante la fuerza física y empujones cuando intentaban entregar un petitorio en el edificio público. La medida de protesta pacífica buscaba respuestas urgentes sobre la recomposición de los presupuestos para becas y salarios docentes. El operativo policial generó fuertes repudiaciones en la comunidad académica.

El reclamo estudiantil cobró impulso tras las recientes decisiones judiciales que ratificaron la vigencia de las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso de la Nación. Los manifestantes ingresaron al Palacio Sarmiento para realizar una sentada y exigir una audiencia directa con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y la ministra Sandra Pettovello. Frente a la negativa oficial, los jóvenes remarcaron que el recorte de la partida presupuestaria pone en riesgo el dictado de clases. La falta de diálogo formal detonó la escalada dentro del establecimiento.

Desde la Secretaría de Seguridad e Inmuebles Públicos justificaron el accionar policial argumentando la necesidad de restablecer el orden y garantizar el funcionamiento de las oficinas del Estado. Funcionarios del Ministerio de Capital Humano señalaron que no permitirán formas de intimidación ni la ocupación de dependencias por la fuerza. Por este motivo, el Gobierno nacional confirmó la presentación de denuncias penales contra los manifestantes por presuntos daños materiales e invasión de propiedad. La postura oficialista ratifica la tolerancia cero ante los cortes.

En el ámbito universitario, referentes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical Docente repudiaron el accionar de los efectivos de la Policía Federal y calificaron la respuesta estatal como un acto represivo desmedido. Dirigentes de la comunidad educativa sostienen que la actualización del monto de las becas constituye una obligación fijada por ley que la gestión ejecutiva pretende desconocer. Ante este escenario, los gremios universitarios anunciaron la profundización del plan de lucha federal. La escalada del conflicto anticipa nuevas marchas en los próximos días.

El choque institucional se produce en vísperas de la marcha nacional universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) hacia el Palacio de Tribunales. Diputados y senadores de bloques opositores repudiaron el desalojo y adelantaron que citarán a los funcionarios de la cartera educativa para que brinden explicaciones en comisión. Por esa razón, la disputa parlamentaria y judicial se intensifica en torno a las partidas universitarias. El desacuerdo por el presupuesto educativo paraliza el normal desarrollo académico.

Las próximas horas resultarán decisivas para evaluar el impacto de las acciones judiciales presentadas contra los referentes estudiantiles y la respuesta del movimiento universitario en las aulas. La falta de canales de negociación abiertos presagia un incremento en la conflictividad social en los principales centros universitarios del país. Mientras tanto, el Palacio Pizzurno permanece fuertemente custodiado. La crisis del financiamiento educativo ingresa en un callejón de incierta salida.