La iniciativa oficial busca fijar reglas de competencia claras entre los choferes de aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi y los trabajadores del taxi tradicional. El marco regulatorio exige licencias profesionales y un límite de edad mínima de veintiún años para los prestadores del servicio. La medida pretende terminar con años de desregulación en la vía pública metropolitana.

Frente al avance del proyecto del Ejecutivo de la Ciudad, las organizaciones gremiales del sector del transporte solicitaron garantías adicionales de fiscalización estatal. Los representantes sindicales de los peones de taxis exigen la creación de un padrón público e inalterable donde queden registrados todos los vehículos y conductores habilitados para operar. Según los dirigentes gremiales, la falta de una nómina transparente dificulta la detección de la oferta ilegal y favorece el trabajo no registrado en las calles. El gremio insiste en elevar las exigencias técnicas de los vehículos.

La propuesta del Gobierno de la Ciudad contempla además una desburocratización de los requisitos históricos vigentes para los propietarios y peones de taxis. El Ejecutivo porteño busca eliminar tasas administrativas, agilizar la renovación de licencias y habilitar el uso de credenciales digitales en reemplazo del soporte físico obligatorio. Con estas modificaciones, el oficialismo porteño intenta bajar los costos fijos operativos que enfrenta el servicio tradicional respecto de las plataformas internacionales. La simplificación normativa intenta devolver la competitividad al sector histórico.

Para asegurar el cumplimiento de la nueva reglamentación, el Sindicato de Peones de Taxis insiste en fijar controles de calle presenciales y continuos a cargo de los inspectores de tránsito. Los dirigentes sostienen que la fiscalización digital no alcanza para frenar las irregularidades en las áreas de mayor concentración urbana, como estaciones y aeropuertos. Asimismo, reclaman sanciones severas y multas gravosas para las plataformas que operen con choferes que carezcan del registro profesional obligatorio. La postura sindical busca evitar la competencia desleal en el área metropolitana.

Por su parte, los representantes corporativos de las plataformas de viajes expresaron su beneplácito por la decisión de regular la actividad tras años de indefinición jurídica. Desde las empresas afirman que la fijación de pautas claras otorgará previsibilidad a las inversiones tecnológicas y garantizará la continuidad de la fuente laboral de miles de conductores. No obstante, cuestionan la intención de transparentar sus listas de usuarios y prestadores en registros abiertos aduciendo razones de privacidad de datos. El debate se concentra en los límites de la regulación del mercado.

El tratamiento parlamentario del proyecto de ley enviado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reabrirá las discusiones entre los distintos bloques políticos. La bancada oficialista confía en reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa con modificaciones de último momento sugeridas por la oposición. El desenlace de la votación definirá el nuevo mapa del transporte de pasajeros individual en la capital nacional. La implementación efectiva de la norma marcará un precedente en la región.