El armado de los procesos judiciales por presunto lavado de activos que involucran a la familia de la expresidenta de la Nación ingresó en una fase de extrema tensión institucional. Tras conocerse la resolución unánime del Tribunal Oral Federal 5 de fragmentar el debate en dos instancias separadas, la acusación reaccionó de manera drástica. El fiscal general ante dichos tribunales, Diego Velasco, prepara un duro recurso de apelación para frenar lo que califica como un grave perjuicio para el éxito definitivo de la causa penal colectiva.

El cronograma dispuesto originalmente por los magistrados establecía que las audiencias por la firma Los Sauces dieran inicio formal el próximo 23 de octubre de 2026, mientras que las correspondientes al entramado de Hotesur quedarían postergadas de manera llamativa hasta el 19 de marzo de 2027. Desde el plano de la fiscalía se argumenta que este esquema de desdoblamiento destruye la lógica interna del caso y conspira abiertamente contra la solidez de una futura condena, obligando a fragmentar pruebas unificadas.

La principal preocupación técnica que moviliza el planteo del Ministerio Público radica en el riesgo procesal de que se genere un inevitable efecto dominó que beneficie a los acusados. En los pasillos de Comodoro Py advierten que si el primer debate culmina en un fallo absolutorio, las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner interpondrán inmediatamente el recurso de cosa juzgada para voltear la segunda causa. La acusación sintetiza la maniobra judicial como un intento encubierto de "destruir una parte para derrumbar la totalidad de la estructura".

Las fuentes ligadas al expediente insisten en que resulta jurídicamente inviable separar las maniobras de las hoteleras familiares, dado que se trata exactamente de la misma matriz delictiva. El bloque de imputados está compuesto por los mismos 14 procesados principales que actuaron bajo una misma organización, operaron dentro del mismo recorte temporal y persiguieron un idéntico destino final para el blanqueo de los activos. Los fiscales insisten en que dividir el juicio impide que el tribunal observe el panorama completo del presunto retorno de fondos de la obra pública.

Lejos de buscar un aplazamiento de las fechas, la estrategia de la fiscalía se focalizará en exigir que los dos expedientes comiencen a juzgarse en simultáneo. El escrito que se presentará ante los magistrados José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni buscará hacer valer los antecedentes de la Cámara de Casación, tribunal que ya revocó en media docena de oportunidades decisiones similares de dividir debates complejos. Para la acusación, sostener la fecha del 23 de octubre pero unificando los procesos es la única garantía de ecuanimidad y transparencia.

La resolución que dividió las aguas se había fundamentado en la supuesta necesidad de agilizar los tiempos del debate, reduciendo a la mitad los abogados y testigos presentes en la sala. Sin embargo, para los investigadores, la medida de los jueces reabre el recuerdo del controvertido sobreseimiento sin juicio que el mismo tribunal dictó en 2021 y que luego fuera revocado por las instancias superiores. El avance de la causa ingresa de este modo en una guerra de recursos que amenaza con reconfigurar el escenario político de cara al cierre de las actuaciones anuales.