Al cumplirse exactamente 20 años de aquel 18 de septiembre de 2006, el fuero federal de La Plata concentra sus esfuerzos en descifrar los movimientos en las antenas de comunicación. El expediente penal intenta reconstruir de forma técnica la red de contactos que operó en la región en las horas críticas antes y después de que se perdiera el rastro del albañil. En este complejo escenario, el procesamiento masivo de datos busca separar los indicios legítimos de las incontables pistas falsas que enturbiaron la instrucción inicial. 

La estrategia tecnológica actual se concentra en el entrecruzamiento de alrededor de 10 millones de registros telefónicos captados por las celdas de la región. Los investigadores trabajan en colaboración estrecha con la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El sistema informático permite localizar abonados en un mapa interactivo y establecer vinculaciones con los sospechosos de la causa. La hipótesis técnica del fiscal Hernán Shapiro busca ubicar a determinadas personas en el lugar y momento de los hechos o revelar llamadas anómalas. La recolección de metadatos abarca las comunicaciones emitidas por el entorno residencial de la víctima entre el 15 y el 18 de septiembre.

La depuración del masivo archivo digital busca echar luz sobre los momentos en que López salió de su vivienda en Los Hornos. El testigo clave del juicio penal contra el genocida Miguel Etchecolatz caminó unas pocas cuadras antes de ser forzado a subir a un auto. La reconstrucción dactilar y las pericias genéticas paralelas sobre cadáveres NN en cementerios provinciales arrojaron resultados negativos. El hijo del militante peronista, Rubén López, denunció la vigencia de un pacto de silencio férreo entre los perpetradores e instigadores. Ante la falta de respuestas definitivas, la provincia de Buenos Aires mantiene una recompensa de hasta 10 millones de pesos por datos certeros.

El derrotero judicial estuvo plagado de irregularidades institucionales y desvíos operativos deliberados durante las primeras 48 horas de la búsqueda. Las abogadas querellantes insistieron históricamente en la apertura total de los archivos de inteligencia de la bonaerense y las fuerzas federales. La sospecha persistente de los organismos civiles apunta a una venganza ejecutada por cuadros policiales retirados y en actividad. El propio Etchecolatz exhibió en pleno debate oral un manuscrito amenazante que contenía anotado el nombre del testigo. El devenir del expediente expone las severas deudas de la gobernabilidad democrática para desmantelar de raíz los resabios del aparato represivo de la dictadura.