La aceleración de los equipos técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) no es casual. Responde al impacto del Decreto Provincial 792, firmado por el Ejecutivo, que elevó el canon por metro cúbico de agua pública utilizada unas 2.900 veces, pasando de $2,16 a $6.250. En términos prácticos, el costo de agua por pozo saltó de $43.000 a $125 millones, forzando a las compañías a buscar alternativas de reciclaje para no abonar la tarifa plena.

El ambicioso proyecto contempla la venta de superficies aptas para cultivo a través del programa Invierta Neuquén. Debido a que el 35% del suelo en producción de la zona son tierras fiscales, el Estado provincial proyecta generar ingresos extraordinarios atrayendo inversores locales y nacionales. La infraestructura actual de mangueras flexibles que las petroleras emplean como acueductos para sus operaciones civiles podría ser reconvertida para irrigar pasturas y plantaciones forestales.

El sendero científico, sin embargo, expone desafíos de alta complejidad para los operadores de la Cuenca Neuquina. Los fluidos que retornan a la superficie tras las perforaciones a 3.500 metros de profundidad poseen una condición "hipersalina" producto de los antiguos fósiles marinos compactados. Aunque experiencias globales validan el reúso, los ingenieros debaten en congresos sectoriales la viabilidad de clasificar categorías hídricas intermedias que permitan retirar hidrocarburos y metales pesados sin los costos de una desalinización total.

El sector privado mira con buenos ojos la iniciativa, ya que la reutilización sistemática del agua no solo abarataría los millonarios costos operativos derivados del nuevo canon, sino que además le otorgaría a la actividad hidrocarburífera una fuerte validación en términos de sustentabilidad y licencia social ante los cuestionamientos de los grupos ambientalistas de la región.

Por su parte, desde la gobernación neuquina confían en que este modelo de economía circular logre transformar zonas tradicionalmente áridas en verdaderos oasis productivos, diversificando una economía provincial fuertemente dependiente de los vaivenes internacionales del crudo y del gas, y asegurando alimentos e insumos para las próximas generaciones.