La iniciativa oficialista propone elevar el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%, abriendo el mercado interno a la libre competencia. Sin embargo, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) advierte que esta desregulación destruirá el entramado industrial federal. Según la entidad, las plantas independientes radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis no tienen forma de competir con los grandes jugadores del polo agroexportador del Gran Rosario, dueños de su propia materia prima. 

La contracara de este conflicto se vive en el Norte Grande, donde el sector de bioetanol sucroalcoholero dio su visto bueno al texto legal. El proyecto oficialista segmenta con éxito los cupos entre la producción a base de caña de azúcar y la de maíz, admitiendo que poseen estructuras de costos diferentes que requieren protección estatal. Ante este escenario, las pymes del biodiésel exigen que se aplique de manera coherente el mismo principio federal para resguardar a las fábricas del interior pampeano y cuyano. 

Desde la perspectiva de los grandes exportadores nucleados en CIARA-CEC y CarBio, la reforma es una oportunidad impostergable para aprovechar la enorme capacidad industrial instalada que hoy permanece ociosa. Bajo la consigna "saquemos a Messi a la cancha", defienden que la apertura del mercado interno sustituirá importaciones de combustibles fósiles, ahorrará divisas clave para el Banco Central y abaratará los costos del diésel para el sector agropecuario. 

El impacto social de la disputa legislativa mantiene en vilo a varias localidades del interior profundo. Referentes sectoriales advierten que, de aprobarse el texto sin modificaciones, al menos 25 plantas elaboradoras independientes quedarán al borde de la quiebra, poniendo en riesgo inmediato la continuidad de unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad.

Ante la falta de consensos dentro de la comisión del Senado, algunos legisladores de las provincias norteñas sugirieron una salida intermedia que consiste en desdoblar el tratamiento de la norma. La estrategia busca avanzar de forma urgente con el capítulo del bioetanol para potenciar las inversiones azucareras, mientras se posterga la discusión del biodiésel hasta encontrar un punto de equilibrio que evite la concentración monopólica del mercado.