La firma de un convenio clave en la Casa Rosada volvió a encender la mecha de la disputa entre la provincia de Buenos Aires y la gestión de Javier Milei. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, selló el traspaso por 20 años de la Ruta Nacional A012 a la órbita de su distrito. Del acto participaron figuras de peso del entorno presidencial como Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pero la presencia que terminó de detonar el conflicto fue la del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, quien se mostró como el articulador político de este estratégico acuerdo federal.

La reacción desde La Plata no se hizo esperar y llegó con un tono de máxima confrontación. El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, disparó una frase letal: "Si sos bonaerense, Milei y Santilli no te quieren". La administración de Axel Kicillof interpreta este movimiento como una provocación directa y una muestra flagrante de doble vara, argumentando que el Gobierno central premia a los distritos alineados legislativamente mientras ahoga financieramente a los 17 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires por cuestiones netamente político-partidarias.

El eje del reclamo bonaerense se centra en la profunda asimetría en el manejo de la obra pública. Mientras que a Santa Fe se le transfieren facultades para reactivar corredores viales clave, Buenos Aires exige sin éxito el traspaso de la Autopista Presidente Perón, una megaobra del conurbano que lleva casi tres años completamente paralizada. Desde el entorno de Kicillof denuncian que la Casa Rosada bloquea sistemáticamente los avales necesarios para que la provincia acceda a líneas de crédito internacionales que permitirían reactivar la infraestructura local.

El malestar adquiere una dimensión electoral ineludible cuando se analiza el rol de los protagonistas involucrados. La foto institucional en Balcarce 50 es leída en los pasillos de la Gobernación platense como el lanzamiento encubierto de un frente político de cara a 2027. El enojo principal radica en que Santilli, con conocidas aspiraciones de gobernar Buenos Aires, convalide el recorte de fondos para el territorio que aspira a representar, mientras se muestra activo en el armado de beneficios viales y económicos para otras provincias del país.

Este nuevo frente de batalla profundiza la polarización extrema entre los dos modelos económicos y políticos que hoy conviven en la Argentina. Para el kicillofismo, se trata de un plan deliberado de asfixia institucional que busca minar la gestión del principal bastión opositor al programa libertario. Los funcionarios provinciales advierten que la discriminación actual en el reparto de recursos afecta directamente la vida cotidiana de millones de ciudadanos que sufren el deterioro de los accesos, la inseguridad vial y el freno absoluto de los puestos de trabajo.

El escenario inmediato promete una judicialización del conflicto y una escalada de la retórica pública entre ambas administraciones. El gobierno bonaerense planea llevar el reclamo por las obras viales a los tribunales si Nación insiste en mantener el bloqueo administrativo. Mientras la Casa Rosada consolida sus alianzas de gestión con gobernadores dialoguistas para blindar sus reformas, Kicillof se rearma políticamente apostando a resistir el embate financiero y a consolidar su figura como el principal polo de resistencia social.