Por: Alexis Luis Sánchez: Alumno avanzado de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCALP Constanza Pereda: Alumna avanzada de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UCALP

Las reformas electorales nunca son neutrales. No determinan por sí solas quién gana una elección, pero sí bajo qué condiciones se compite y suelen ser impulsadas por actores que anticipan ventajas en el nuevo esquema. En ese sentido, el paquete legislativo enviado por el ejecutivo se lee menos como una actualización técnica y más como una redefinición de los incentivos que estructuran la competencia política.

El punto de partida es claro: el oficialismo plantea una agenda de desregulación, reducción del gasto público y fortalecimiento de la autonomía partidaria. Es decir, esto implica retirar al Estado de funciones que históricamente organizaban el proceso electoral y trasladar ese peso hacia los propios partidos políticos. No obstante, reducir esa intervención no elimina la regulación sino que la desplaza hacia otros mecanismos, muchas veces menos visibles.

Uno de los cambios principales es la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) creadas en 2009 con la idea de ordenar la oferta política y permitir que la ciudadanía participe en la definición de candidaturas. Su diseño era particular: todos los partidos debían competir el mismo día y todos los ciudadanos estaban obligados a votar, incluso sin estar afiliados. Eliminar las PASO no reduce sólo una instancia electoral: elimina el principal mecanismo de coordinación del sistema político actual.

La segunda modificación que propone el proyecto es la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), sistema que ya se utilizó en las elecciones de medio término de 2025. Para las elecciones de 2027, se presentará una única boleta que incluirá todas las categorías y a todos los partidos políticos participantes. Su diseño permite al elector votar por todas las candidaturas de las distintas categorías (como presidente, senadores y diputados) mediante una sola marca en un casillero en blanco, ubicado junto al nombre y los símbolos de la agrupación política; asimismo, se mantiene la posibilidad de votar por categoría. La principal crítica de la oposición y de los especialistas es que este casillero recrea, de manera encubierta, el “efecto arrastre” de la antigua boleta sábana.

Por otro lado, se propone la incorporación de la denominada “ficha limpia”, lo que implica la imposibilidad de que se presenten como candidatos a cargos públicos electivos aquellas personas condenadas por delitos dolosos (es decir, cometidos con intención) cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia. Entre los delitos comprendidos se incluyen los crímenes de lesa humanidad, el narcotráfico, la trata de personas y otras violaciones graves a los derechos humanos. A tal efecto, la Cámara Electoral creará un Registro Público de Ficha Limpia que contendrá los nombres de las personas inhabilitadas.

Además, se fijan límites sobre quiénes pueden aportar dinero a los partidos. No pueden hacerlo los donantes anónimos, organismos del Estado, sindicatos ni personas o empresas involucradas en delitos graves como lavado de dinero, narcotráfico, contrabando, fraude al Estado, financiamiento del terrorismo o trata de personas.

A esto se suma un endurecimiento de las condiciones para la existencia de los partidos políticos: se vuelve más difícil fundar un partido y más fácil perder la personería jurídica. Mayores requisitos de afiliación, exigencias territoriales más amplias y umbrales mínimos de desempeño configuran un sistema más selectivo. El objetivo declarado es reducir la fragmentación; el efecto probable es elevar las barreras de entrada y promover la concentración.

El capítulo del financiamiento es quizás el más disruptivo. Se busca que el Estado tenga un rol menor y que aumenten los aportes privados con un límite del 35%. Para calcular los fondos, se multiplica el valor del “módulo electoral” (un monto fijo en pesos que define el Estado como base para financiar las campañas) por la cantidad de electores del año anterior. Si bien se introducen mecanismos de transparencia, el cambio central es otro: la competencia electoral pasa a depender en mayor medida de los recursos disponibles, lo que tiende a favorecer a los actores mejor posicionados dentro del sistema.

En conclusión, la reforma no cambia solo instrumentos: cambia incentivos. Reduce la intervención estatal, eleva los costos de entrada y traslada el peso de la competencia hacia los propios actores. En este sentido, el resultado no es necesariamente menos competencia sino otra forma de competir: más exigente, más selectiva y menos pareja. En ese marco, ya no se trata solo de eficiencia o de ahorro, sino de qué tipo de sistema político se configura. Porque cuando cambian las reglas, no solo se ordena la competencia: también se redefine quién está en condiciones de ganarla.