miércoles 17 de julio de 2024
- Edición Nº2051

Sociales | 6 jul 2024

Escándalo en el negocio farmacéutico

El polémico negocio con las vacunas de dengue que salpica a un empresario y destapa viejas denuncias

Juan Castro, dueño de la segunda red de farmacias más grande del país, está en el ojo de la tormenta por un acuerdo polémico con el gobierno de Corrientes para la compra de un lote de vacunas contra el dengue que estaban a punto de vencerse. Viejas denuncias por estafa, evasión al fisco y provisión irregular de medicamentos también resurgen.


Juan Castro, dueño de la segunda red de farmacias más grande del país detrás de Farmacity, posee cerca de 90 locales en la provincia de Corrientes y 130 en el norte argentino. Un acuerdo con la obra social del estado provincial por la compra de un lote de vacunas que estaban a punto de vencerse lo puso en el ojo de la tormenta. La denuncia por estafa en la compra de un terreno, sospechas de evasión al fisco e irregularidades en la provisión de medicamentos para afiliados al PAMI, resurgieron en medio del escándalo.

FarMar, la red de farmacias propiedad de Castro, cuenta con cerca de 130 sucursales en todo el norte argentino y 90 en la provincia de Corrientes. Replica el modelo 'Farmacity' y se expande a toda velocidad en medio de sospechas por tráfico de influencias y antecedentes por denuncias de estafas, evasión al fisco e irregularidades en la provisión de medicamentos para afiliados al PAMI.

El nombre de su dueño, Juan Alejandro Castro, quedó en el ojo de la tormenta en los últimos días a partir de la difusión de una supuesta maniobra con un lote de vacunas de dengue que estaban a punto de vencerse y que aparentemente logró recuperar la inversión gracias a un acuerdo polémico con el gobierno de Corrientes.

El empresario farmacéutico, que prácticamente monopoliza el negocio de los medicamentos en la provincia y es dueño de la droguería JUFEC (que abastece a las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones), habría comprado miles de vacunas imaginando una alta demanda pero su apuesta aparentemente falló y, según denuncian, habría recibido un "salvavidas" del estado para evitar una pérdida millonaria.

Cuando el lote se acercaba peligrosamente a la fecha de vencimiento, habría llegado a un acuerdo con la Obra Social Estatal de Corrientes (IOSCor) para que sus afiliados compren la vacuna al 50% de su costo a mostrador de 70 mil pesos, y así aliviar un poco las pérdidas. En marzo pasado, la obra social del Estado provincial ofreció la vacuna contra el dengue a un valor de 35.000 pesos cada una (su forma de administración es de dos dosis) con una condición: solo podían comprarlas en la red de farmacias de la familia Castro. IOSCor adquirió 15 mil vacunas.

Solo en la ciudad de Corrientes, el empresario posee 30 farmacias y en la provincia suma otras 60. A nivel nacional, FarMar cuenta con cerca de 130 sucursales, solo superada por Farmacity, que posee más de 320 sucursales en todo el territorio. Este dato revela la magnitud del negocio que maneja el grupo.

La expansión de FarMar en la capital provincial con el modelo 'Farmacity' no solo cambió la lógica de negocio sino que despertó fuertes críticas en el sector. Casi todos los locales de Castro permanecen abiertos las 24 horas, afectando el sistema de turnos rotativos que tienen el resto de las farmacias de la zona.

El empresario tiene lazos no solo en el estado sino también en la justicia: Carlos Soto Dávila, ex juez federal de Corrientes y condenado en 2023 a la pena de seis años de prisión por cobrarles coimas a narcotraficantes, fue señalado por frenar varias causas en contra del poderoso farmacéutico y su familia.Castro estuvo muy cerca de ser detenido por la justicia acusado en San Juan de falsificar boletines oficiales para beneficiar a sus firmas con exenciones impositivas. Según informó El Diario de Cuyo, el juez de Instrucción, Leopoldo Zaballa Pringles, lo investigó por el presunto fraude cometido en beneficio de sus firmas Olivyo SA y Olieco SA, que investiga supuestas maniobras con el sistema de diferimientos impositivos para estafar al fisco en unos 30 millones de pesos.

Según aseguran, la obra social del estado paga por consulta de sus afiliados entre 300 y 900 pesos a cada médico, y el empresario logra que la prepaga estatal le financie su stock de fármacos en millones de pesos, los que después termina vendiendo a los más de 150 mil beneficiarios del organismo provincial. Otro punto polémico de la red de farmacias es que tiene un arreglo como único proveedor de los medicamentos oncológicos o tratamientos especiales, como diabetes y enfermedades crónicas. Estos productos farmacológicos solo se pueden vender a los pacientes con descuento de IOSCor, exclusivamente en los locales de FarMar. No existe la posibilidad de otro mejor oferente.Además de las farmacias, el empresario es dueño de la cadena de supermercados mayoristas FACOR y posee la distribución de Nestlé para la región, miles de hectáreas de campos y alta producción de ganadería.

En el caso del negocio alimenticio, también aparece salpicado por una denuncia de estafa por la presunta compra fraudulenta de un terreno donde en la actualidad funciona uno de sus locales más importantes. En octubre de 2022, Castro fue denunciado penalmente por administración fraudulenta y estelionato (fraude) en la Fiscalía de Instrucción Nº4 a partir de la compra-venta irregular del lote ubicado en la esquina de calles Paraguay y Quintana.

En el año 1971, la parcela fue cedida por el Estado provincial a la Asociación Teatro Vocacional para la construcción de una sala teatral que nunca se concretó. En julio de 2021, el empresario farmacéutico adquirió el 63% del terreno a la Fundación Teatro Vocacional de Corrientes y dejó el 27% restante a la institución. En ese lugar, construyó un supermercado exprés de Facor.

La denuncia plantea que el Teatro Vocacional nunca tuvo autorización del Estado Provincial para vender el lote, y aduce que la asamblea extraordinaria que realizó para habilitar el acuerdo comercial con JUFEC S.A. fue rechazada por la Inspección de Personas Jurídicas.

En 2017, el empresario fue involucrado en una causa por irregularidades en la provisión de medicamentos que derivó en una serie de operativos de la Policía Federal Argentina. La Justicia allanó su domicilio particular y tres locales de la ciudad de Corrientes en el marco de una causa que se tramitó en la Fiscalía 1, Juzgado 2 a cargo de Juan Carlos Vallejos.

La causa se inició en abril de 2016 a partir de una denuncia penal que advertía 1.133 casos de afiliados fallecidos al PAMI que registraban consumos por más de 23.000 unidades de insulina entre 2010 y 2015. Sin embargo, todo quedó en la nada: el entonces juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, habría sido el encargado de frenar las investigaciones.

En marzo de 2014, el empresario sufrió un duro golpe cuando su hijo de 19 años fue hallado sin vida en el interior de su domicilio. Se suicidó de un disparo en la boca con un revólver calibre 32, según informaron los medios locales.Un año antes, había perdido la vida de manera trágica su hermano Enrique Martín Castro. Tenía 45 años y manejaba una camioneta que terminó impactando de frente contra un camión sobre la Ruta Nacional Nº12. Castro falleció prácticamente en el acto al igual que su acompañante, Natalia Zdanowicz, de 34 años.

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