Por: Info 360

El Gobierno de Javier Milei podría eliminar a Aerolíneas Argentinas de la lista de empresas estatales sujetas a privatización bajo la Ley Bases. Tras varias rondas de negociaciones, el Ejecutivo analiza esta opción con el objetivo de acelerar la aprobación del proyecto legislativo, enfrentando así la resistencia en la Cámara de Diputados.

El apartado sobre privatizaciones ha sido un punto de controversia significativo, provocando tensiones dentro del Congreso. La oposición ha recortado varios de los objetivos iniciales propuestos por Milei, pero Aerolíneas Argentinas se mantuvo como una de las principales empresas bajo consideración de privatización.

El artículo 7 del dictamen mayoritario establece: “Declárense ‘sujeta a privatización’, en los términos y con los efectos de los capítulos lI y Il de la ley 23.696, las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I que forman parte de la presente ley. Para proceder a la privatización de tales empresas y sociedades, se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución”.

En el anexo de este artículo, además de Aerolíneas Argentinas, se incluyen otras empresas como Energía Argentina S.A, Radio y Televisión Argentina S.E., e Intercargo SAU. Asimismo, se contempla la "privatización/concesión" de Agua y Saneamientos Argentinos S.A, Correo Oficial de la República Argentina S.A, Belgrano Cargas y Logística S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), y Corredores Viales S.A.

Según fuentes cercanas al gobierno, La Libertad Avanza no descarta la posibilidad de retirar a Aerolíneas Argentinas del anexo para ganar el apoyo de los diputados que han mostrado una postura más dialoguista. Esta estrategia busca crear un consenso más amplio en el Congreso, permitiendo que la Ley Bases avance con la inclusión de otras empresas estatales en el plan de privatización.

La decisión de considerar la exclusión de Aerolíneas Argentinas refleja un intento del gobierno por equilibrar sus objetivos de reforma con las realidades políticas, buscando evitar bloqueos legislativos que puedan retrasar o impedir la implementación de su agenda.