Por: Redacción Info360

A poco menos de un mes del traspaso del mando municipal, la Justicia suspendió el decreto municipal del intendente saliente, Julio Garro, que traslada la ‘Zona Roja’ de su histórica región de influencia en El Mondongo y aledanías hacia el Paseo del Bosque.

La normativa, que contó con una fuerte resistencia del colectivo travesti trans, enumerando entre otros factores el arraigo a la zona donde hace décadas desarrollan sus actividades; el riesgo en materia de seguridad que implica la mudanza a la zona de 122 y 52, y la incompatibilidad del Estado como regulador del trabajo sexual, nunca terminó de ser aceptada por las trabajadoras sexuales.

Es en este marco que la Jueza María Ventura Martínez hizo lugar a la presentación judicial realizada por un grupo de colectivos activistas, disponiendo la suspensión de la mencionada reubicación.

En su fallo, estableció: “Resuelvo suspender el decreto 2468/23, ordenando a la Municipalidad de La Plata que se abstenga de innovar sobre la determinación de la zona para la oferta de servicios sexuales en la vía pública, hasta tanto se resuelva en definitiva”.

Al respecto, fundamenta que el decreto, que vino a concretar un proyecto que Garro impulsaba desde hace tiempo, “somete a las personas representadas por las demandantes a una disyuntiva” cuyas opciones no son nada auspiciosas para las trabajadoras sexuales.

Al respecto, detalló: “Seguir ejerciendo en la zona roja del Mondongo como hasta ahora, bajo riesgo de detenciones y sanciones por violar el código de convivencia ciudadana o hacerlo en la nueva zona establecida en el decreto, sin que estén dadas las condiciones del espacio público para ello”.

El pedido de suspensión fue presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la asociación civil Otrans Argentina, Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, Frente de Organizaciones TLBI La Plata, Berisso y Ensenada, Marea Rosa, Zona Queer La Plata, Venganza Afectiva Articulación L.G.T.T.T.B.I.Q.P.N. y Somos Diversxs.

Allí, luego de llevar adelante movilizaciones y una campaña contra la iniciativa, solicitaron “evaluar la inconstitucionalidad de la ordenanza que pasa por alto normativas internacionales, nacionales y provinciales”.

Además, acusan, promueve “la persecución y criminalización del colectivo travesti-trans, de las trabajadores sexuales y personas en situación de prostitución que viven y trabajan en el barrio El Mondongo y en el resto de la ciudad“.