

Por: Redacción Info360
En las últimas horas las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector del biodiesel enviaron un pedido de carácter urgente al Gobierno Nacional por la situación insostenible de una industria que viene soportando el aumento de costos (como el aceite de soja) y la falta de precio oficial para poder operar, responsabilidad de la Secretaría de Energía de la Nación.
Lo hicieron a través de un comunicado suscrito por las CEPREB, CASFER y CAPBA, que nuclean la totalidad de las empresas elaboradoras de biodiesel dedicadas en forma exclusiva al abastecimiento del corte obligatorio establecido en la ley 27.640.
Segpun consta en el documento, el reclamo consiste en una serie de puntos claves: en primer lugar, el atraso del precio de biodiesel establecido en pesos, a lo cual se suman los extensos plazos de cancelación del biodiesel por parte de las empresas petroleras; ambos establecidos por el Ministerio de Economía.
Otros de los obstáculos destacados son la implementación de un nuevo tramo de dólar soja, así como el abrupto salto en el costo de las coberturas de tipo de cambio necesarias, contemplando que casi el 90% de los costos de producción están relacionados al dólar.
En este marco, las cámaras firmantes se dirigieron al Ministro de Economía a fin de solicitarle medidas urgentes tendientes a permitir que la industria siga produciendo y entregando el biodiesel destinado al corte obligatorio consignado en la ley. De lo contrario, 10.000 familias se quedarían sin empleo a partir de noviembre.
Por estos motivos solicitamos acciones tendientes a permitir que la industria siga produciendo y entregando el biodiesel, tal como lo establece la Ley.
— Cepreb (@Cepreb_ok) October 5, 2023
Sin las medidas necesarias, el próximo paso podría ser el despido de los empleados de las plantas que ya están paralizadas.
En la actualidad, la mayoría de las Pymes paralizó sus operaciones de producción durante septiembre y en los próximos días estaría ocurriendo lo mismo con las pocas compañías que aún están operando debido a la situación que se describe en la carta.
La intimación dice textualmente: “Sin medidas urgentes no resulta económicamente factible la operación, toda vez que los dólares resultantes de convertir el cobro del precio de venta en pesos no alcanzarán siquiera para cubrir los costos variables de producción”.
En este sentido, refieren que “como consecuencia se pone en riesgo la continuidad de nuestras empresas y de los más de 10.000 empleos directos e indirectos relacionados con la actividad, la salud pública por el empeoramiento de la calidad del aire y el alejamiento del país de sus metas de ahorro de gases de efecto invernadero comprometidas bajo el Acuerdo de París - que tiene un rango superior al de las leyes al ser un acuerdo internacional suscripto por el Congreso-”.
Asimismo, recalcaron que “resulta oportuno también incluir que sin previsibilidad se torna imposible invertir en desarrollo de mejores y más eficientes tecnologías de producción de biodiesel”, y advirtieron: “Se dejan así de observar aspectos socioeconómicos, generando consecuentemente un impacto negativo para las economías regionales donde se encuentran insertas nuestras plantas”.
Sobre el final, las cámaras deslizaron que el próximo paso podría implicar comenzar con las notificaciones por despido a los empleados de las plantas que ya están paralizadas.