Por: Info 360

Según lo expuesto por el Poder Judicial de La Nación, la causa se archivó “por no constituir delito los hechos que la originaron, según lo prescripto por el artículo 195 segundo párrafo del Código Procesal Penal de la Nación”. De este modo, para el Juez Ramos Padilla la actual toma de tierras no representa un delito.

Desde la Comuna advirtieron una inacción judicial y piden que se retome la denuncia y se efectué el desalojo de las viviendas en el Ex Club de Planeadores, ya que las mismas fueron levantadas en una zona inundable y representan un riesgo para los vecinos de la Ciudad. “La Municipalidad de La Plata no es parte de la causa porque al ser un predio de propiedad Federal no podemos formar parte de la misma; son la Provincia y la Nación quienes deben para que la usurpación no siga ampliándose, siendo un gran riesgo para toda la comunidad porque es una zona inundable”, se explicó desde la Comuna.

En este sentido, Julio Garro salió a repudiar la situación: “La decisión judicial es alarmante y sienta un precedente preocupante. Solicitamos a la Nación y Provincia la inmediata intervención, que apelen la medida y que se avance con el desalojo del predio ilegalmente ocupado, que genera un riesgo hídrico para toda la zona”. El magistrado argumentó al cerrar la causa que la actual toma no generará “perjuicio de eventuales acciones civiles y/o administrativas que pudieran resultar necesarias en el futuro para llevar a cabo el proyecto de urbanización en curso, de conformidad con los estándares de seguridad y habitabilidad que deben regir este tipo de acciones”.

Cabe resaltar que la toma comenzó en febrero del 2020, un mes antes del comienzo de la Pandemia, y creció exponencialmente con más de 3000 personas viviendo allí. Ante los riesgos hídricos que presentaba esa situación, el Municipio de La Plata solicitó a la Justicia Federal demoler las viviendas. Adjunto al pedido Comunal, la Municipalidad presentó pruebas de cómo está organizada la toma, las cuales no fueron intervenciones aisladas. Además, la Comuna también presentó pruebas a la Justicia de ventas de terrenos en el predio de manera ilegal a través de redes sociales y videos de ingresos sistemáticos de materiales para la construcción.