Mientras el peronismo empieza a mover sus piezas de cara a 2027, también aparecen voces que buscan correr la discusión de la interna bonaerense y poner en primer plano el rol de las provincias. En ese escenario, Ramón Prades García, dirigente peronista y uno de los armadores de Sergio Uñac en La Plata, plantea que el próximo desafío del espacio debe ser recuperar una mirada verdaderamente federal.

“Todos pueden votar en Argentina, pero no todos pueden ser votados”, sostuvo Prades García, en diálogo con INFOCIELO, para graficar lo que considera una deuda del sistema político y, particularmente, del peronismo: la falta de dirigentes del interior en los principales lugares de representación nacional.

Según su lectura, durante las últimas décadas los principales candidatos y presidentes surgieron de Buenos Aires y de la Ciudad, no solamente por su peso electoral sino también por una determinada concepción del desarrollo nacional. Frente a eso, reivindica una mirada vinculada a las economías regionales, la producción, la integración territorial y las experiencias de las comunidades del interior.

En ese esquema ubica a Uñac, quien ya manifestó públicamente su intención de competir por la Presidencia. “Esta vez el interior merece una chance, merece una oportunidad”, es la definición que, según Prades García, sintetiza la construcción que viene impulsando el exgobernador sanjuanino.

Para el dirigente, no se trata únicamente de cambiar el lugar de nacimiento de quienes encabecen una fórmula, sino de incorporar otra perspectiva sobre el desarrollo argentino. Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, San Juan y otras provincias, plantea, tienen experiencias productivas, economías regionales y vínculos con mercados internacionales que deberían formar parte de una agenda nacional.

Uñac, Natalia de la Sota y la renovación

En ese escenario también aparece el nombre de Natalia de la Sota, una de las figuras del peronismo cordobés que en distintos momentos fue mencionada como posible protagonista de una construcción nacional. Prades García encuentra un punto de contacto entre ambos dirigentes en la posibilidad de renovar las caras y los discursos del peronismo. Aunque marca una diferencia: mientras Uñac cuenta con experiencia ejecutiva como gobernador, De la Sota todavía no tuvo ese recorrido.

“Es súper interesante el perfil de ella”, sostiene, aunque remarca que la experiencia de gestión constituye una diferencia entre ambos dirigentes.

Para el armador del uñaquismo, además, el interior aporta una forma de hacer política vinculada al contacto territorial y a la necesidad de construir consensos. En esa línea, reivindica la escucha como herramienta política, pero la diferencia de la falta de decisión.

La idea que propone es una combinación entre consenso y determinación: escuchar a gobernadores, dirigentes, empresarios, trabajadores y sectores productivos, pero luego tomar decisiones y asumir el costo político de ellas.

La foto con Máximo Kirchner

La reciente reunión entre Sergio Uñac y Máximo Kirchner en San Juan también aparece como parte de esa construcción. Para Prades García, el encuentro fue positivo y tuvo un componente que excedió la foto política: el dirigente bonaerense recorrió emprendimientos productivos de la provincia y conoció de primera mano la situación de sectores como el pistacho, el tomate y las exportaciones.

“Argentina se construye con todos los sectores”, plantea Prades García, que interpreta la visita como una señal de apertura hacia distintas realidades productivas y políticas.

En ese punto, evita presentar el encuentro como un acuerdo cerrado y lo ubica dentro de una lógica más amplia: la necesidad de que los distintos sectores del peronismo y de la sociedad puedan sentarse a discutir un proyecto nacional.

La relación con el kirchnerismo aparece, sin embargo, atravesada por una definición concreta. Prades García reconoce a Cristina Kirchner como presidenta del Partido Justicialista y reivindica el respeto hacia su liderazgo partidario, pero remarca que, hasta el momento, Uñac es el único dirigente que manifestó explícitamente su candidatura presidencial. “Hoy el único que dice ‘soy candidato a presidente, voy a recorrer el país dos veces para ser candidato a presidente’ es Uñac”, sostiene.

Cómo definir las candidaturas

La discusión sobre el mecanismo para ordenar las candidaturas tampoco queda afuera. Prades García menciona tres alternativas: las PASO, una interna partidaria abierta o un esquema de elecciones regionales como el que Uñac había planteado anteriormente dentro del PJ.

Esta última posibilidad es la que considera particularmente interesante, porque permitiría no solamente discutir liderazgos sino también construir agendas específicas para las distintas regiones del país.

Pero, más allá del mecanismo, plantea una condición: que quienes aspiren a representar al peronismo puedan demostrar una base real de representación. “Hay que trazar una línea de legitimidad en la cual todos los que quieran ser partan de condiciones que puedan ser auditables por el resto”, explica.

La idea supone que cada dirigente pueda mostrar qué representa, qué experiencia tiene, qué vínculo conserva con su territorio y qué capacidad posee para movilizar a una base social concreta. Para Prades García, esa legitimidad territorial también debería funcionar como un mecanismo de responsabilidad: quien llega a un cargo en representación de un sector debe después volver a rendir cuentas ante ese mismo sector.

En definitiva, la discusión que plantea el dirigente platense no se limita a quién encabezará una eventual boleta presidencial. Su planteo apunta a que el próximo reordenamiento del peronismo incorpore una pregunta que, según considera, quedó relegada durante años: qué lugar tendrán las provincias y sus dirigentes en la construcción del próximo proyecto nacional.

Y allí aparece Uñac como su apuesta concreta: un dirigente del interior que ya salió a recorrer el país con la intención declarada de competir por la Presidencia y que busca construir su candidatura desde una identidad federal.

Según informaron fuentes policiales, el impacto provocó importantes daños en la parte frontal de ambos vehículos. Como consecuencia del choque resultaron heridos los dos conductores y una mujer que viajaba como acompañante en el Falcon.

Los involucrados fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y posteriormente trasladados al Hospital Dr. Alejandro Korn, debido a los politraumatismos que presentaban.

De acuerdo con el reporte oficial, los tres permanecían conscientes y fuera de peligro, aunque quedaron bajo atención médica para evaluar la gravedad de las lesiones.

Tras el accidente, se solicitó la intervención de Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el impacto. Además, los investigadores solicitaron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N° 10 de La Plata.

Los relevos ensayados en el complemento aportaron el peso ofensivo necesario para acorralar al anfitrión en su propio campo. La persistencia para buscar los caminos al arco rival tuvo su premio técnico en los minutos finales del cotejo. El resultado deja con sabor amargo a la parcialidad local debido a las numerosas ocasiones de contraataque desperdiciadas. La delegación visitante regresa a la ciudad con la tranquilidad de mantener la racha sumatoria en el certamen. 

El primer equipo de Gimnasia y Esgrima La Plata empató 1 a 1 ante Independiente Rivadavia en la ciudad de Mendoza. El encuentro, correspondiente a la undécima jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional, se presentó sumamente complejo desde el inicio para los dirigidos por Ariel Pereyra. La paridad final terminó premiando la búsqueda incansable de la visita frente a un rival que se replegó tempranamente. 

El elenco mendocino golpeó de forma prematura al ponerse en ventaja a los 5 minutos del primer tiempo con un gol de Juan Manuel Elordi. El defensor local capitalizó una habilitación precisa del delantero Maximiliano Salas para vencer la resistencia del arquero Nelson Insfrán. La Lepra dominó las acciones del tramo inicial ante un Lobo que lucía desarticulado e impreciso en sus transiciones del medio campo. 

Durante el complemento, el director técnico de la escuadra platense movió el banco y puso toda la carne en el asador al mandar a la cancha a Franco Torres y Agustín Colazo. El ingreso de los atacantes modificó el mapa del partido y le permitió a la visita monopolizar la posesión del balón. A pesar de los riesgos asumidos en defensa, Gimnasia empujó con más orgullo que juego asociado directo. 

La paridad definitiva llegó de manera agónica a los 86 minutos mediante una definición de Agustín Colazo. El delantero que saltó desde el banco de suplentes quedó mano a mano con el arquero Nicolás Bolcato tras una asistencia de Luis Marcelo Torres. El festejo del gol desató un tenso cruce verbal entre los futbolistas locales y el atacante Agustín Auzmendi. 

La incidencia requirió la intervención directa del árbitro principal Bryan Ferreyra, quien controló los disturbios mostrando tarjetas amarillas a los futbolistas involucrados. El punto cosechado en el oeste del país le permite a la institución platense alcanzar las 18 unidades en la Zona B del campeonato nacional. Aunque el rendimiento general dejó deudas futbolísticas, el plantel valora el carácter demostrado para rescatar el resultado. 

Tras la travesía en la provincia de Mendoza, la comitiva del Lobo ya planifica el retorno a las prácticas en el predio de Estancia Chica. El cuerpo técnico buscará recuperar físicamente a los futbolistas averiados de cara al próximo partido ante Atlético Tucumán en el Bosque. Dicho compromiso, pautado para el viernes 9 de octubre, resultará clave para consolidar las aspiraciones clasificatorias a los playoffs del certamen. 

El Hipódromo de La Plata vuelve a abrir sus puertas en octubre con una agenda que reúne la tradición del turf con nuevas propuestas culturales y gastronómicas.

Carreras, grandes espectáculos y una nueva edición del clásico festival cervecero de la ciudad forman parte de una programación que busca seguir consolidando al Hipódromo como un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Grandes jornadas de turf

Los amantes de las carreras tendrán tres citas destacadas del calendario hípico:

Martes 13: Clásico OSAF (G3).

Martes 20: Clásico Hipódromo Independencia de Rosario (G3) y Clásico Provincia de Buenos Aires (G3).

14° Degustación de Cervezas Platenses

El viernes 16 y sábado 17 llega una nueva edición de este clásico encuentro de la ciudad. Productores locales ofrecerán sus distintas variedades de cervezas en un espacio al aire libre, acompañado por propuestas gastronómicas y actividades para disfrutar en familia.

Grandes recitales

El Hipódromo se convirtió en uno de los grandes escenarios a cielo abierto de la ciudad y este mes presenta dos nuevas fechas:

Sábado 3: Pimpinela.

Viernes 23: La K'onga.

Con una programación diversa, Lotería de la Provincia continúa impulsando la apertura del Hipódromo de La Plata a nuevas propuestas, sumando al turf actividades culturales, musicales y recreativas para toda la comunidad.

La conmoción y la desesperación atraviesan a la familia de Romina González, la mujer de 35 años que fue encontrada gravemente herida en la zona de la megatoma de Los Hornos, en La Plata. Mientras permanece internada en el Hospital San Martín, sus allegados reconstruyen las horas previas al episodio y sostienen que fue víctima de un ataque sexual y de una brutal agresión.

Bajo la frase “violada y torturada”, la familia busca visibilizar el caso y exigir respuestas. La Justicia investiga las circunstancias en las que la mujer terminó inconsciente y desangrándose en la vía pública, aunque por el momento no hay detenidos y las circunstancias de la agresión todavía deben ser esclarecidas.

La familia de Romina también difundió una publicación en redes sociales para contar quién era la mujer antes de atravesar las situaciones que describen como traumáticas y visibilizar el grave episodio por el que hoy permanece internada.

En el mensaje, sus allegados señalaron que anteriormente llevaba una vida diferente y mencionaron que atravesaba problemas de consumo. Además, recordaron que tiempo atrás había sufrido otro episodio de extrema violencia, en el que, según expresaron, fue prendida fuego.

“Ahora le vuelve a pasar algo horrible”, escribieron sus familiares, que aseguraron que Romina fue víctima de una agresión sexual y física. En la publicación también indicaron que debió ser operada y que permanece con asistencia respiratoria en un hospital.

El mensaje concluye con un reclamo de justicia y una denuncia contra quienes, según la familia, se habrían aprovechado de su situación de vulnerabilidad.

La publicación se suma a los pedidos de sus allegados para que el caso tenga visibilidad y se avance en el esclarecimiento de lo ocurrido en la megatoma de Los Hornos. La investigación judicial continúa abierta y las circunstancias de la agresión denunciada todavía deben ser determinadas.

La máxima autoridad católica de la provincia cuestionó la desconexión del discurso oficial con el día a día de los sectores populares. Sus declaraciones profundizaron el contrapunto político entre la Iglesia y la Casa Rosada por los indicadores de vulnerabilidad extrema. Los comentarios generaron un fuerte impacto en el escenario público por la crudeza del diagnóstico eclesiástico.

El arzobispo de Córdoba y cardenal, Ángel Rossi, afirmó que el Papa León XIV se va a encontrar con una Argentina cascoteada por la pobreza. El prelado cordobés utilizó una entrevista radial para exponer un durísimo diagnóstico sobre la profundidad de la crisis social que atraviesa el territorio nacional. La advertencia de la jerarquía eclesiástica sacudió el panorama político en la antesala de la histórica visita oficial de la máxima autoridad vaticana. 

El religioso apuntó directamente contra la narrativa oficial y acusó a los funcionarios del Poder Ejecutivo de "vivir en Marte". Rossi consideró casi burlesco el lenguaje triunfalista de la administración de Javier Milei en materia financiera, señalando que el relato libertario no se condice para nada con la realidad palpable de la calle. Según su mirada pastoral, la insistencia en presentar como una maravilla la coyuntura del país genera una profunda desilusión comunitaria. 

Durante su descargo, el cardenal manifestó que este tipo de discursos desanima y en algunos casos enerva fuertemente a la ciudadanía. El prelado reconoció que la problemática de los recursos insuficientes viene arrastrándose desde gestiones anteriores, pero remarcó que la gente sencilla está sufriendo un desgaste progresivo intolerable. Asimismo, advirtió sobre el peligro latente de que el desencanto actual y el cansancio social terminen decantando en una reacción violenta. 

No es la primera ocasión en que el arzobispo cordobés cruza abiertamente las políticas económicas de shock implementadas por la Casa Rosada. Semanas atrás, en el marco de las celebraciones litúrgicas de San Cayetano, Rossi sentenció de manera tajante que la macroeconomía de la que habla el Gobierno no baja al plato de los sectores vulnerables. En esa misma línea, consideró aberrantes las descalificaciones oficiales hacia el concepto constitucional de justicia social.

El posicionamiento crítico del jesuita quebró la tregua institucional que la Casa Rosada intentaba edificar de cara al desembarco pontificio en noviembre. Desde los despachos gubernamentales buscaron encapsular el debate aduciendo razones estrictamente ideológicas del sacerdote. Pese a los intentos oficiales por desestimar las declaraciones, el duro cuestionamiento eclesiástico reinstaló la discusión sobre la efectividad del ajuste fiscal y su impacto directo en el poder adquisitivo. 

La inminente escala que el Papa realizará en la provincia mediterránea colocará a la Iglesia en el rol de dique de contención moral ante la fragilidad social de la población. Los analistas de la City estiman que las expresiones de Rossi fijan una postura clara de cara a las futuras demandas de la Pastoral Social hacia los funcionarios de primer nivel del gabinete de ministros. La pulseada discursiva expone la creciente brecha entre las estadísticas macroeconómicas y el pulso real de la población. 

El procedimiento administrativo obligó al legislador a permanecer retenido al costado de la carretera por un espacio cercano a las dos horas. Tras intensas consultas con los tribunales de Comodoro Py, las autoridades comprobaron que la restricción ya no se encontraba vigente. Luego de superar los exámenes camineros correspondientes, el dirigente pudo recuperar la posesión del rodado y continuar su trayecto. 

El diputado nacional Máximo Kirchner fue demorado en San Luis durante un operativo de control vehicular de rutina montado en el puesto limítrofe de Justo Daract. El jefe de la agrupación política La Cámpora manejaba personalmente una camioneta Honda CR-V cuando el Anillo Digital Federal encendió las alarmas de la fuerza de seguridad. El sistema informático reportó un pedido de secuestro activo sobre la unidad, lo que obligó a paralizar la marcha del rodado de inmediato.

La orden de restricción que figuraba en las bases de datos policiales respondía a un oficio histórico del juez federal Julián Ercolini. El magistrado de Comodoro Py había ordenado la incautación preventiva de una serie de activos patrimoniales en el marco de la causa judicial Hotesur iniciada en 2014. Sin embargo, la clave de la confusión radicó en que dicha medida restrictiva ya había sido formalmente dejada sin efecto por la Justicia tiempo atrás.

Debido a que el registro informático provincial se encontraba desactualizado, Kirchner permaneció retenido casi dos horas en la banquina. Los agentes de la Policía de San Luis mantuvieron al parlamentario de Unión por la Patria bajo custodia preventiva hasta establecer comunicaciones con el juzgado federal de origen. Una vez que las secretarías judiciales ratificaron la absoluta regularidad de la documentación actual, se autorizó la liberación del coche. 

En medio de las actuaciones administrativas de rigor en la ruta, el personal policial le practicó un test de alcoholemia al legislador de la oposición. Según la información policial contrastada posteriormente con los voceros del dirigente, el control caminero arrojó resultado negativo. Superados los peritajes de la Policía Caminera y Seguridad Vial, las autoridades provinciales desistieron de retener la camioneta y dieron luz verde a los viajantes. 

Pocas horas después del altercado en territorio puntano, el hijo de la expresidenta difundió un duro comunicado de prensa con fuertes críticas políticas. En el documento público, Kirchner celebró la rigurosidad de los controles viales urbanos pero denunció un persistente intento de disciplinamiento judicial. "Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando condicionarnos", disparó el referente de Unión por la Patria. 

A pesar del malestar y el prolongado retraso logístico, la comitiva del legislador nacional pudo retomar su viaje original hacia San Juan. El diputado tenía previsto encabezar un encuentro de debate interno peronista junto al senador y exgobernador sanjuanino Sergio Uñac. Desde el entorno del legislador ratificaron que el sorpresivo entuerto en la ruta no alterará la agenda de reuniones con la militancia cuyana pautada para las próximas horas. 

Con una millonaria inversión privada y el beneficio de regímenes de incentivo, el tendido pretende transformar la matriz productiva nacional en el mediano plazo. Las tareas técnicas combinan el tendido terrestre de cañerías de gran escala con la edificación de una colosal playa de tanques sobre el litoral marítimo. De este modo, la industria se prepara para multiplicar los despachos de crudo con destino a los principales centros de consumo globales.

Con cientos de kilómetros y miles de soldaduras, el oleoducto hace su recorrido por tierra, atravesando rutas, canales y arroyos, para pasar bajo el lecho del Río Negro y cruzarse finalmente con el mar.

El corredor logístico denominado Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) consolidó el tendido troncal de su cañería de 30 pulgadas de diámetro a lo largo de la estepa patagónica. El proyecto, considerado el desarrollo de infraestructura privada más significativo de las últimas cinco décadas, busca eliminar de raíz los cuellos de botella en el transporte de hidrocarburos de la Cuenca Neuquina. El tendido vincula de manera directa el nodo productivo de Allen con el océano. 

La concreción de la traza principal requirió la realización de más de 35.000 soldaduras de alta precisión a cargo de una unión transitoria de empresas líderes. Durante el exigente proceso de ingeniería de detalle, las cuadrillas operativas coordinadas por Techint y Sacde debieron superar un total de 76 cruces especiales que involucraron rutas nacionales, canales de riego y arroyos. La complejidad de la geografía rionegrina demandó soluciones técnicas innovadoras. 

El mayor desafío de ingeniería civil se concentró en el cruce subterráneo del Río Negro, donde los caños se deslizan decenas de metros por debajo del lecho fluvial. Para este hito se empleó tecnología de punta conocida como perforación horizontal dirigida (HDD), garantizando la total indemnidad del recurso hídrico. Este avance técnico despejó el camino para que el fluido pesado complete su viaje de 437 kilómetros con rumbo directo hacia la costa atlántica.

En paralelo al avance del ducto terrestre, los trabajos civiles se concentran en la terminal de almacenamiento de Punta Colorada, en las inmediaciones de Sierra Grande. En dicho predio costero avanza a contrarreloj la puesta a punto del masivo Tanque 404, una estructura de 82 metros de diámetro construida con más de 1.500 toneladas de acero. Esta gigantesca pileta de confinamiento técnico posee una capacidad nominal de 120.000 metros cúbicos de petróleo.

El complejo logístico marítimo diseñado por YPF y sus socios privados contempla un sistema operativo integrado por dos monoboyas de carga offshore fijadas al fondo marino. El uso de barcos especializados y vehículos submarinos de operación remota (ROV) permite la inspección continua de los caños submarinos que completan el trayecto portuario. Las maniobras en el agua buscan estandarizar tiempos eficientes de carga para los buques de gran calado. 

La puesta en marcha inicial del sistema energético permitirá despachar unos 180.000 barriles diarios, escalando de forma paulatina en fases sucesivas de expansión. El esquema financiero de la megaobra requirió el desembolso de unos 3.000 millones de dólares, apalancados bajo los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto VMOS consolidará a la Argentina como un exportador energético neto en los mercados mundiales. 

Uno de los operativos se llevó a cabo en la zona de 19 y 524, donde efectivos que realizaban tareas de prevención observaron a dos hombres que se encontraban a bordo de una motocicleta en la vía pública.

De acuerdo con el parte oficial, al advertir la presencia de los uniformados, los sospechosos habrían arrojado un objeto hacia un cantero. Los agentes solicitaron apoyo y, tras revisar el sector, encontraron un revólver calibre .38 marca Astra, junto con tres municiones.

Los dos hombres, de 22 y 29 años, fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. También fue secuestrada la Honda Titan 150 en la que se movilizaban.

La causa quedó caratulada como tenencia ilegal de arma de fuego y tomó intervención la UFI N° 11 de La Plata, que avaló el procedimiento y dispuso la continuidad de las actuaciones.

Otro procedimiento en la zona

El segundo episodio también se produjo en Ringuelet y tuvo como protagonistas a otros dos hombres, que fueron interceptados durante un procedimiento policial.

En este caso, los efectivos realizaron un operativo de identificación y control luego de advertir una situación sospechosa en la vía pública. Tras las actuaciones correspondientes, los dos individuos quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la dependencia policial.

El procedimiento quedó bajo intervención de la Justicia y se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y la eventual responsabilidad de los involucrados.

Los dos operativos se suman a los procedimientos de prevención realizados por la Policía en distintos puntos de la zona norte de La Plata, donde durante las últimas horas se reforzaron los controles y recorridas.

Las víctimas sufren amenazas permanentes y aprietes violentos contra sus viviendas y allegados. La falta de contención estatal profundiza el estado de indefensión de los deudores.

Las dinámicas de estos créditos informales operan al margen de la regulación financiera y aplican tasas semanales o mensuales que duplican el capital inicial. Frente a la pérdida del poder adquisitivo y el cierre del acceso al crédito bancario formal, miles de hogares solicitaron pequeños montos para comprar alimentos o medicamentos. Sin embargo, la imposibilidad de saldar los compromisos transforma los préstamos de auxilio en espirales de deuda interminables. Las agencias de cobro y usureros imponen castigos físicos, agresiones y amedrentamiento digital continuo.

El impacto de las presiones ilegales deteriora la salud mental de las familias afectadas y genera situaciones de aislamiento social extremo. Diversos testimonios recabados por organizaciones comunitarias revelan que los cobradores envían mensajes intimidatorios, escrachan a los deudores con sus contactos y balean fachadas de viviendas en los barrios más postergados. Ante este escenario, especialistas advierten sobre el incremento de episodios de depresión e intentos de suicidio vinculados a la angustia por las deudas. El acoso cotidiano paraliza las actividades laborales y escolares de los damnificados.

Desde el Gobierno nacional sostienen que los compromisos financieros constituyen contratos entre privados y descartan implementar planes de asistencia o desendeudamiento estatal. La postura oficial ratifica que no habrá intervención del Poder Ejecutivo ni regulación de las tasas en los circuitos no bancarios ni en las agencias de cobranza. Frente a la negativa de la administración central, dirigentes de movimientos sociales señalan que la ausencia de fiscalización legitima el accionar de bandas vinculadas al crimen organizado. La doctrina de no intervención estatal deja el conflicto librado a la fuerza territorial.

Por su parte, referencias de la Iglesia católica y representantes del Poder Judicial exigen la inmediata tipificación de las conductas de acoso telefónico y extorsión presencial. Fiscalías especializadas advierten que detrás del esquema "gota a gota" operan redes de delincuencia organizada que utilizan el cobro usurario como fachada para el lavado de activos e ilícitos complejos. En ese marco, organismos defensores de los derechos humanos reclaman la apertura de canales de denuncia anónimos que protejan la integridad física de los vecinos. La demanda de amparo institucional crece en los comedores comunitarios.

La persistencia de la recesión presagia una mayor expansión de las redes de usura en los cordones periurbanos de las principales ciudades. La falta de medidas de mitigación o de un marco legal de quiebra familiar mantendrá expuestas a miles de personas a las coacciones de los acreedores ilegales. Mientras el debate político elude la regulación del crédito informal, la violencia cotidiana se consolida en el territorio. La problemática de las deudas familiares exige una respuesta integral del Estado.

La medida de fuerza de alcance federal responde al vencimiento del plazo fijado por el Poder Judicial para que el Poder Ejecutivo abone la recomposición salarial adeudada. Los gremios reclaman una recomposición inmediata equivalente al 33,4% para recomponer la pérdida del poder adquisitivo. La contundencia de la medida profundiza el enfrentamiento entre la comunidad académica y el Ministerio de Economía.

La huelga impulsada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales coincide con el límite de los cinco días hábiles impuestos por el juez federal Martín Cormick. El magistrado intimó formalmente a la administración central a dar cumplimiento efectivo a las partidas presupuestarias previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. En su resolución técnica, el fuero contencioso administrativo advirtió sobre la imposición de multas diarias contra los funcionarios responsables en caso de persistir el incumplimiento. La falta de transferencias gatilló la reacción sindical en las unidades académicas.

En respuesta a la resolución judicial, el equipo de abogados del Gobierno nacional interpuso un recurso de apelación con efecto suspensivo para frenar la ejecución de las sanciones. Fuentes del área legal del Poder Ejecutivo sostienen que los incrementos otorgados en las instancias paritarias precedentes satisfacen los requerimientos mínimos de la cautelar vigente. Asimismo, desde los despachos oficiales ratificaron que no se liberarán giros extraordinarios por fuera del esquema de consolidación fiscal diseñado por la Secretaría de Hacienda. La apelación oficial busca ganar tiempo mientras se tramita la causa de fondo.

Por su parte, los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y las autoridades rectorales respaldaron los reclamos salariales de los trabajadores y advirtieron sobre la imposibilidad de planificar el ciclo lectivo venidero. Denuncian que la partida proyectada en el Presupuesto resulta insuficiente para cubrir el funcionamiento básico y los programas de investigación técnica. Ante la falta de canales formales de negociación paritaria, los referentes universitarios confirmaron la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para las próximas semanas. La tensión institucional amenaza con paralizar los claustros en el último tramo del año.

Desde los centros de estudiantes de las distintas casas de altos estudios se multiplicaron las asambleas y tomas simbólicas en apoyo a las demandas de los docentes. Agrupaciones estudiantiles remarcan que el congelamiento de las becas de estudio y el aumento constante del costo de vida comprometen la continuidad educativa de miles de alumnos. Por este motivo, los estudiantes definieron articular acciones conjuntas con los sindicatos para visibilizar el conflicto en las principales arterias urbanas. El frente universitario consolida una posición unificada ante la intransigencia oficial.

El curso de la medida de fuerza quedará atado a la decisión que adopte el juez Cormick sobre la apelación presentada por la Representación Jurídica del Estado. Si la Justicia ratifica la aplicación de las multas astreintes, la Casa Rosada enfrentará un complejo escenario de responsabilidades contables e institucionales. En tanto, las aulas universitarias permanecerán cerradas hasta el fin de semana a la espera de señales oficiales. El conflicto educativo escala a niveles de alta incerteza legal y política.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires había ordenado que el ex líder de Viejas Locas e Intoxicados participe de la jornada vía Zoom, por lo que se intentó conectar al paciente con un celular o una computadora.

Javier Baños, ex fiscal de Morón y defensor del acusado, consignó: “Lo que me dicen es que tuvo un brote psiquiátrico, puede ser por abstinencia, pero tenemos que certificarlo”.

Además, precisó que no declaró ninguno de los siete testigos citados para la jornada, debido a la suspensión de la audiencia.

Para ayer estaba previsto los testimonios de un cura y un perito, al tiempo que las identidades de las otras personas se encuentran bajo reserva.

Álvarez permanece internado en el Tornú desde la semana pasada luego de padecer una crisis hipertensiva en su domicilio y chocar su Volkswagen Bora contra otro vehículo que cargaba combustible en una estación de servicio de la Capital Federal.

Pese a las reiteradas nulidades presentadas por la defensa, el tribunal rechazó las peticiones al sostener que la situación actual del músico no es novedosa, porque no es lo que justifica la suspensión del debate.

A su vez, aún cuando se pidió su traslado a un instituto médico de su obra social, hasta el momento ningún nosocomio quiere aceptarlo.

EL CASO

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena en expectativa va entre los 8 y 25 años de prisión.

Ayer, Fabián Améndola, uno de los abogados de la querella, informó que su socio Fernando Burlando recibió una amenaza a través de un mensaje de audio en su teléfono.

Según relató Améndola, un extraño lo acusó de “atacar a Pity” y de defender a una persona que, según el mensaje, “estaba bien muerta” (por Cristian Díaz). Además, le advirtió que lo iba a esperar a la salida del tribunal: “Te vas a tener que hacer el comedor de vuelta porque te voy a bajar todos los dientes”.

La pérdida de capacidad de pago golpea con mayor dureza a las familias que recurrieron al endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Las estadísticas oficiales confirman una fuerte aceleración del default en las carteras de consumo.

El deterioro salarial y el fuerte incremento registrado en las tarifas de servicios públicos operaron como los principales detonantes de esta coyuntura. En los bancos, la tasa de mora de las familias escaló hasta ubicarse en torno al trece por ciento, mientras que en las billeteras virtuales y el sector no financiero roza el treinta y cuatro por ciento. La brecha entre el costo de vida y los sueldos obligó a volcar ingresos al pago de servicios esenciales en detrimento de los compromisos financieros asumir dos. El margen de maniobra de los hogares resulta nulo para sostener las cuotas adeudadas.

El endeudamiento irregular afecta principalmente a los segmentos etarios de trabajadores activos, concentrando los mayores volúmenes de deuda entre los veinticinco y cincuenta y cuatro años. Los datos arrojan que más de cuatro millones de personas pertenecientes a la clase media y sectores vulnerables registran atrasos graves con entidades crediticias. En el mapa regional, las provincias que registran salarios más relegados presentan a su vez los índices de mora más elevados del país. El mapa del default interno refleja las asimetrías salariales de las provincias.

Desde los centros de estudios económicos advierten que el acceso al crédito financió transitoriamente la pérdida del poder de compra hasta saturar la capacidad de endeudamiento familiar. Ante la imposibilidad de refinancing en condiciones razonables de tasa, miles de usuarios cayeron en situación de incobrabilidad o financiamiento irregular. Esta combinación de variables mantiene bajo fuerte presión al sistema financiero orientado a préstamos de consumo personal y tarjetas. La morosidad de la cartera minorista exige previsiones adicionales por parte de las entidades.

Por su parte, la respuesta del Poder Ejecutivo se enfoca en sostener el esquema de estabilización macroeconómica y el orden de las cuentas públicas como premisa indispensable. No obstante, legisladores opositores y entidades de consumidores exigen la implementación de un marco de contención para frenar los remates y la ejecución de ejecuciones judiciales por deudas. La falta de consenso sobre posibles mecanismos de alivio prolonga la tensión en las comisiones técnicas del Congreso Nacional. El debate legislativo busca definir mecanismos de resguardo de los ingresos.

El comportamiento futuro de la mora dependerá de una eventual recuperación del salario real y de la normalización del costo de los servicios básicos en los hogares. Sin una mejora tangible en los ingresos disponibles, la acumulación de deudas impagas amenaza con resentir el consumo masivo y frenar el crédito futuro a las familias. En tanto, los bancos monitorean de cerca los niveles de previsión para afrontar un escenario de incobrabilidad prolongado. La fragilidad financiera del sector privado se instala en el centro de la escena.

La iniciativa oficial busca fijar reglas de competencia claras entre los choferes de aplicaciones como Uber, Cabify o DiDi y los trabajadores del taxi tradicional. El marco regulatorio exige licencias profesionales y un límite de edad mínima de veintiún años para los prestadores del servicio. La medida pretende terminar con años de desregulación en la vía pública metropolitana.

Frente al avance del proyecto del Ejecutivo de la Ciudad, las organizaciones gremiales del sector del transporte solicitaron garantías adicionales de fiscalización estatal. Los representantes sindicales de los peones de taxis exigen la creación de un padrón público e inalterable donde queden registrados todos los vehículos y conductores habilitados para operar. Según los dirigentes gremiales, la falta de una nómina transparente dificulta la detección de la oferta ilegal y favorece el trabajo no registrado en las calles. El gremio insiste en elevar las exigencias técnicas de los vehículos.

La propuesta del Gobierno de la Ciudad contempla además una desburocratización de los requisitos históricos vigentes para los propietarios y peones de taxis. El Ejecutivo porteño busca eliminar tasas administrativas, agilizar la renovación de licencias y habilitar el uso de credenciales digitales en reemplazo del soporte físico obligatorio. Con estas modificaciones, el oficialismo porteño intenta bajar los costos fijos operativos que enfrenta el servicio tradicional respecto de las plataformas internacionales. La simplificación normativa intenta devolver la competitividad al sector histórico.

Para asegurar el cumplimiento de la nueva reglamentación, el Sindicato de Peones de Taxis insiste en fijar controles de calle presenciales y continuos a cargo de los inspectores de tránsito. Los dirigentes sostienen que la fiscalización digital no alcanza para frenar las irregularidades en las áreas de mayor concentración urbana, como estaciones y aeropuertos. Asimismo, reclaman sanciones severas y multas gravosas para las plataformas que operen con choferes que carezcan del registro profesional obligatorio. La postura sindical busca evitar la competencia desleal en el área metropolitana.

Por su parte, los representantes corporativos de las plataformas de viajes expresaron su beneplácito por la decisión de regular la actividad tras años de indefinición jurídica. Desde las empresas afirman que la fijación de pautas claras otorgará previsibilidad a las inversiones tecnológicas y garantizará la continuidad de la fuente laboral de miles de conductores. No obstante, cuestionan la intención de transparentar sus listas de usuarios y prestadores en registros abiertos aduciendo razones de privacidad de datos. El debate se concentra en los límites de la regulación del mercado.

El tratamiento parlamentario del proyecto de ley enviado a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reabrirá las discusiones entre los distintos bloques políticos. La bancada oficialista confía en reunir las voluntades necesarias para aprobar la iniciativa con modificaciones de último momento sugeridas por la oposición. El desenlace de la votación definirá el nuevo mapa del transporte de pasajeros individual en la capital nacional. La implementación efectiva de la norma marcará un precedente en la región.

Un robo en la vivienda de Cristian Tarragona, actual delantero de Unión y exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, terminó con un inesperado giro familiar: el futbolista reconoció al autor del hecho y descubrió que se trataba de un primo suyo.

El episodio ocurrió en septiembre en la ciudad de Santa Fe, cuando Tarragona estaba concentrado con el plantel profesional. Mientras el delantero se encontraba fuera de la vivienda, su esposa y sus dos hijos menores estaban en el domicilio cuando se produjo el ingreso del delincuente.

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para avanzar con la investigación. Tarragona observó las imágenes y logró identificar al hombre que había ingresado a su propiedad. Posteriormente, durante una audiencia judicial, declaró como testigo y ratificó que se trataba de un familiar con el que no mantiene una relación cotidiana.

La particularidad del caso es que el sospechoso no solo es primo del futbolista: también vive a pocos metros de la vivienda de Tarragona. Esa cercanía fue considerada por la Justicia como un elemento relevante, debido a que podía conocer los horarios y movimientos habituales de la familia.

El comunicado de Unión tras el confuso episodio que vivió Cristian Tarragona en su domicilio de Santa Fe

El acusado ya tenía antecedentes

El expediente también incorporó los antecedentes del imputado, quien contaba con condenas recientes por violación de domicilio. Ese historial fue uno de los elementos analizados por el juez al momento de resolver su situación procesal.

La defensa cuestionó el pedido de detención, pero el magistrado finalmente dispuso la prisión preventiva del acusado. Entre los fundamentos se tuvo en cuenta el reconocimiento realizado por Tarragona y el temor expresado por su familia ante una eventual liberación.

La investigación continúa bajo la calificación inicial de hurto, mientras la Justicia reúne nuevas pruebas para determinar las responsabilidades y definir los próximos pasos de la causa.

En medio de las polémicas y debates que acompañaron la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, en La Plata el impacto sobre la cantidad de detenciones de menores por debajo de los 16 años, al menos por ahora, parece ser acotado.

Desde la entrada en vigencia de las nuevas reglas, que modificaron el esquema con el que la Justicia aborda los delitos cometidos por adolescentes, en la Ciudad se registraron apenas un par de casos -o algunos más, según el período y el criterio de contabilización- vinculados con intervenciones judiciales bajo la flamante normativa.

El dato adquiere relevancia en un contexto nacional marcado por la discusión sobre la baja de la edad de responsabilidad penal, las medidas que pueden adoptar los jueces frente a adolescentes acusados de delitos y el alcance de las nuevas herramientas previstas por la legislación.

En La Plata, sin embargo, los primeros registros disponibles no muestran, hasta el momento, un salto significativo en términos cuantitativos. La implementación recién comienza y el escenario podría modificarse con el paso de los meses, pero los primeros datos permiten observar cómo empieza a funcionar en la práctica un sistema que generó fuertes posiciones a favor y en contra.

La cuestión no pasa solamente por cuántos menores fueron detenidos, sino también por qué delitos se les atribuyen, qué decisiones adoptan los fiscales y jueces y qué medidas se disponen en cada expediente. Ese será uno de los aspectos centrales para evaluar, con mayor perspectiva, el impacto concreto de la reforma en la Región.

Se sabe que el primer fallo que instaló el debate fue el de la jueza de menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, quien de alguna manera avizoraba una situación dramática de imposible solución en las actuales condiciones de infraestructura en la Provincia de Buenos Aires para contener a los menores que delinquen.

Fue el 7 de septiembre, dos días después de la entrada en vigencia del nuevo régimen, que la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del mencionado distrito dictó una cautelar en la causa Nº 40881-HC (“Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”).

Allí la magistrada dispuso suspender preventivamente la aplicación de la Ley Nacional 27.801 (nuevo régimen penal juvenil) en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Pascual tomó como referencia las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas, donde previamente se debió establecer un límite máximo de 60 adolescentes alojados, pero según esa revisión no cumplía con “los estándares mínimos”.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, advirtió en declaraciones radiales.

Durante el período de suspensión, incluso, pidió que los poderes del Estado acuerden quién supervisará a cada joven, con qué recursos contarán los centros de detención y cómo se implementarán las alternativas al encierro que la propia legislación contempla.

Sin embargo, en medio del revuelo que desató su decisión, pocas horas después un tribunal de alzada revocó el fallo.

En La Plata con el nuevo régimen, no hubo un aumento significativo de la actividad judicial

“Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo. Entonces, si las leyes del Congreso de la Nación se presumen legítimas, y para no aplicarlas a un caso concreto es necesario hacer un control de constitucionalidad o de convencionalidad, va de suyo que suspender la aplicación de toda una ley mediante una medida cautelar (que por su naturaleza y finalidad se adopta en forma urgente ante la verosimilitud del derecho del peticionante y el peligro en la demora y se dispone in audita parte y con carácter eminentemente provisorio), resulta a todas luces inadmisible”, sostuvo la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, con los votos de Miguel Navascues y Miguel María Alberdi.

En su apelación al fallo de la jueza Pascual, el representante del Ministerio Público había sostenido: “Entiendo humildemente que la decisión tomada por la magistrada se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma republicana de gobierno”. La Cámara le dio la razón.

SIN ALUVIÓN DE CAUSAS POR EL MOMENTO

Uno de los primeros puntos que aparece al analizar el escenario local es que la aplicación del nuevo régimen todavía se encuentra en una etapa inicial. Por eso, los pocos expedientes registrados en La Plata no alcanzan por sí solos para establecer una tendencia definitiva. Se trata, por ahora, de una primera fotografía de un sistema que comenzó a funcionar recientemente y que deberá ser observado durante los próximos meses.

También habrá que seguir de cerca qué ocurre con aquellos adolescentes que quedan involucrados en causas penales y cuáles son las medidas que dispone la Justicia en cada situación.

Entre los casos que se pueden destacar, un adolescente de 15 años quedó bajo arresto domiciliario

Por ejemplo, se sabe de uno de 15 años que quedó bajo prisión domiciliaria y otro que ingresó demorado y que no se sostuvo la detención.

El debate adquiere especial sensibilidad en La Plata por la existencia de causas recientes que involucraron a menores de edad en hechos de extrema gravedad como los que tuvieron de víctimas a Kim Gómez y a Mateo Yagame. Algunos de esos expedientes, además, comenzaron bajo el régimen anterior y atraviesan ahora un escenario jurídico diferente, lo que obliga a distinguir entre las causas iniciadas antes de la reforma y aquellas que quedan alcanzadas directamente por las nuevas disposiciones.

Durante la entrevista, Gustavo Posse puso el foco en lo que definió como un deterioro de la calidad de vida y señaló especialmente la situación de la seguridad, la salud, la limpieza y el mantenimiento del espacio público. “Siento y vivo muy mal que haya un descenso en la calidad de vida de los vecinos respecto de cuestiones importantes como la seguridad, la salud, la limpieza y los espacios públicos”, afirmó.

El exintendente contó además que continúa recorriendo San Isidro con una mirada especialmente atenta sobre la infraestructura urbana. Calles, veredas, cordones, alcantarillas y el mantenimiento de las obras contra las inundaciones fueron algunos de los aspectos que mencionó durante la charla.

Al profundizar su diagnóstico, Posse sostuvo que recibe una fuerte preocupación de parte de los vecinos y fue crítico con el funcionamiento de distintas áreas municipales. “Es un pozo en materia de seguridad, un pozo en materia de salud, de espacio público, de calidad de vida; cero cultura, cero educación”, expresó.

Salud y situación financiera

La situación del sistema municipal de salud ocupó una parte importante de la entrevista. Posse cuestionó las dificultades para acceder a turnos y consultorios en los hospitales y advirtió sobre la pérdida de médicos y enfermeros que migran hacia el sector privado.

También apuntó contra las decisiones financieras de la actual administración. Según sostuvo, el municipio tomó deuda por 30.000 millones de pesos mediante la colocación de bonos y otros 4.000 millones a través del Banco Provincia, y afirmó que parte de esos compromisos impacta sobre recursos vinculados con la coparticipación hospitalaria. “Los hospitales no tienen turnos, postergan la atención de la población y se les van los médicos y las enfermeras al sector privado”, señaló.

Posse también cuestionó el incremento de las tasas municipales y planteó que la presión sobre los vecinos aumentó significativamente durante los últimos años.

Seguridad, espacio público y gestión

Otro de los ejes fue la seguridad. Posse remarcó la importancia del patrullaje municipal, la prevención y la presencia permanente en los barrios como herramientas fundamentales para complementar el trabajo de las fuerzas de seguridad. Posse dejó así un diagnóstico crítico sobre el presente del municipio y puso el acento en la necesidad de recuperar la calidad de los servicios, el mantenimiento del espacio público y una gestión cercana a las necesidades cotidianas de los vecinos.

La iniciativa legislativa prosperó gracias al decisivo alineamiento de los gobernadores del norte argentino, quienes presionaron a sus representantes parlamentarios a cambio de futuras compensaciones fiscales y subsidios eléctricos específicos para sus provincias cálidas. El nuevo marco normativo redefine por completo el alcance territorial del beneficio de la ley 25.565, concentrando la bonificación automática de forma exclusiva en la región de la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. De esta manera, el resto de las localidades que habían sido incorporadas de manera masiva durante la ampliación de 2021 perderán el descuento directo por razones climáticas, quedando sus facturas sujetas a un fuerte esquema de aumentos.

La sesión parlamentaria estuvo marcada por una extrema tensión política y una serie de maniobras de último minuto para intentar hacer caer el tratamiento sobre tablas. En un movimiento coordinado, la bancada peronista que lidera José Mayans decidió abandonar masivamente el recinto en un intento de romper el cuórum legal y dejar al oficialismo sin las bancas necesarias para votar. Sin embargo, los senadores de La Libertad Avanza y las fuerzas aliadas lograron retener los 37 legisladores requeridos para sostener la sesión, lo que permitió que el debate continúe de manera regular.

La reconfiguración del mapa del gas implicará que los usuarios de provincias populosas como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Juan dejen de percibir el beneficio de manera generalizada por su código postal. Para mitigar el impacto social de la quita, el texto promulgado establece que las familias de estos distritos solo conservarán los descuentos si logran registrarse en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Las condiciones para permanecer bajo este paraguas estatal exigen que los ingresos conjuntos del grupo familiar no superen las tres canastas básicas totales.

Por el lado de la oposición dialoguista, la votación evidenció marcadas grietas internas y pases de facturas entre los bloques provinciales debido a las ausencias estratégicas. Los senadores radicales representantes de los distritos directamente afectados por el recorte, pertenecientes a Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, optaron por no aportar votos positivos al proyecto oficialista. En el caso santafesino, Carolina Losada y Eduardo Galaretto permanecieron en sus bancas para expresar su rechazo abierto a la quita de los subsidios en sus distritos.

Desde el Poder Ejecutivo celebraron la sanción definitiva de la ley como un paso crucial para sanear las cuentas públicas y avanzar en la desregulación sectorial. La Secretaría de Energía argumentó a lo largo de las discusisiones en comisión que la ampliación territorial de 2021 había convertido al sistema en un esquema ineficiente y fiscalmente insostenible. Según las planillas de proyección oficial, el recorte de estas transferencias indiscriminadas le permitirá al Tesoro Nacional conseguir un ahorro fiscal anual superior a los doscientos setenta mil millones de pesos.

Hacia adelante, las empresas distribuidoras de gas se preparan para aplicar los nuevos cuadros tarifarios con el impacto pleno de la quita de subsidios. Los analistas del sector energético anticipan que las facturas residenciales del próximo período invernal sufrirán incrementos cercanos al 100% en aquellas zonas que quedaron excluidas del beneficio automático. El gran interrogante que se abre ahora en las provincias es si la base de datos del padrón de inscriptos focalizados logrará procesar a tiempo a las familias vulnerables antes de la llegada de los meses de mayor consumo.

La alianza táctica en el recinto se enfocó en modificar el artículo 3° de la norma para restarle el fuerte blindaje institucional que la Casa Rosada pretendía otorgarle originalmente a la conducción de la autoridad monetaria. Mediante una votación que alcanzó los dos tercios de los presentes, se estableció que la remoción del presidente de la entidad podrá concretarse por mayoría absoluta de la Cámara alta. Debido a estas alteraciones de fondo introducidas en el articulado particular, la iniciativa legislativa debió ser devuelta a la Cámara de Diputados para su correspondiente revisión final.

La jugada estratégica encabezada por la exministra generó una inmediata reacción de malestar en los despachos de la Casa Rosada, desde donde intentaron frenar la negociación hasta el último minuto. El proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo exigía una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras para destituir a los funcionarios del organismo, un esquema pensado para proteger la estabilidad de Santiago Bausili frente a los cuestionamientos opositores. Sin embargo, la intervención de Bullrich alteró la estrategia oficialista en el Congreso y otorgó al Senado la exclusividad de decidir sobre las expulsiones con la mitad más uno de sus miembros.

Desde el entorno parlamentario del peronismo se mostraron conformes con el resultado de la sesión al considerar que, sin el blindaje original, la reforma pierde el sentido que buscaba la gestión presidencial. Los legisladores de la oposición venían manifestando fuertes críticas hacia el actual titular de la entidad y reclamaban mecanismos más accesibles para su eventual remoción. Con esta modificación, el bloque opositor se asegura una herramienta clave de control político sobre la conducción económica en caso de reunir los 37 senadores necesarios para activar un desplazamiento.

Por su parte, los defensores del cambio normativo argumentaron que mantener exigencias de mayorías tan elevadas significaba un intento de "peruanización" del Banco Central, otorgándole a sus directores prerrogativas temporales excesivas. Según explicaron fuentes parlamentarias ligadas al acuerdo, la intención final es equiparar el sistema de control con el que rige para otros cargos institucionales de alta relevancia pública. La decisión también fijó que los directores designados en comisión solo podrán ejercer durante el correspondiente año parlamentario.

A pesar del duro revés sufrido en este artículo específico, el oficialismo logró salvar la aprobación en general del proyecto por 46 votos afirmativos contra 22 negativos. El texto mantiene los lineamientos macroeconómicos exigidos por el Poder Ejecutivo, tales como la prohibición estricta de emitir moneda para financiar de forma directa los gastos operativos del Tesoro Nacional. Asimismo, la norma delimita las funciones esenciales del organismo, enfocando sus objetivos institucionales casi con exclusividad en la preservación y estabilidad del valor de la moneda nacional.

El futuro de la reforma monetaria queda ahora supeditado a lo que resuelva la Cámara de Diputados en su carácter de cámara de origen. Para intentar restituir la protección legal a la conducción del Central, el oficialismo que comanda Martín Menem estará obligado a reunir una mayoría de dos tercios, una meta matemática prácticamente imposible de alcanzar sin la anuencia de la bancada peronista. La sesión del Senado dejó en evidencia nuevas fisuras en la estrategia legislativa del Gobierno y consolidó un perfil de autonomía política por parte de Bullrich en el tratamiento de leyes clave.

El dramático salto estadístico implica que la conjunción de la inflación acumulada y el desplome de los salarios reales transformó al país en una fábrica de pobres a un ritmo de once mil nuevos afectados por día. Esta brusca aceleración interrumpió de manera tajante el proceso de recuperación que se venía registrando en los trimestres previos, encendiendo las alarmas de todo el arco político y social. Al proyectar los porcentajes del muestreo oficial a la totalidad del territorio nacional, la cantidad de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad extrema trepó por encima de los quince millones. De esta manera, el indicador consolidó un piso del 32,3% de la población general, mientras que la indigencia ya golpea de forma directa al 7,5% de los habitantes que no cubren su alimentación básica.

La descomposición de la masa de ingresos familiares frente al costo de vida explica este fenómeno de movilidad social descendente sin precedentes recientes. Los especialistas en mercado de trabajo detallan que el derrumbe ya no se concentra de forma exclusiva en los sectores de la informalidad laboral o el cuentapropismo precarizado. Por el contrario, el fuerte encarecimiento de la canasta alimentaria empujó a miles de asalariados formales hacia el universo de la pobreza, configurando la realidad de trabajadores que, aun teniendo empleo registrado, no llegan a fin de mes.

Desde el Palacio de Hacienda intentaron morigerar la lectura del índice argumentando que el salto responde al arrastre de los desequilibrios macroeconómicos heredados que requirieron un fuerte ordenamiento fiscal. El equipo del ministro Luis Caputo confía en que la desaceleración de la inflación núcleo comenzará a estabilizar el poder de compra de las familias durante la segunda mitad del período ordinario. Sin embargo, los economistas de las principales consultoras privadas de la City advierten que la persistente recesión y la destrucción de puestos industriales actúan como un contrapeso que neutraliza las mejoras nominales de haberes.

Las organizaciones sociales y los comedores comunitarios del conurbano bonaerense reportan una saturación absoluta en la demanda de asistencia alimentaria diaria ante la falta de changas y la licuación de recursos. Referentes eclesiásticos y de distintas ONG manifestaron su profunda preocupación debido a que los mecanismos estatales de contención material quedaron desbordados por la velocidad del flagelo. Para los coordinadores territoriales, el aumento diario de familias que asisten a buscar viandas expone una urgencia humanitaria que exige respuestas presupuestarias inmediatas y coordinadas entre Nación y provincias.

En el plano estrictamente legislativo, la publicación de estas cifras oficiales reconfiguró de manera total el eje de las discusiones en las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso. Los bloques opositores unificaron reclamos para exigir de forma urgente la actualización extraordinaria de las asignaciones familiares y de la Prestación Alimentar para compensar el rezago inflacionario. La presión parlamentaria obligará al bloque de La Libertad Avanza a tejer finos acuerdos políticos si pretende mantener inalterable su esquema de déficit cero sin enfrentar una parálisis legislativa total.

Hacia el futuro inmediato, el principal desafío del programa de gobierno radica en revertir de forma urgente esta tendencia destructiva antes de que se cristalice de manera estructural. La mayoría de los analistas coincide en que un descenso genuino de la tasa del 32,3% dependerá casi con exclusividad del nivel de actividad, dejando atrás la fase de mero ajuste macroeconómico. Si las canastas básicas continúan encareciéndose por encima de la pauta de recomposición salarial, el piso social de la Argentina continuará hundiéndose a niveles de extrema complejidad institucional.