El Ministerio de Salud de la Nación amplía la población objetivo a vacunar contra el Covid-19

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En base a evidencia científica nacional e internacional, la cartera de Salud amplió los criterios e incluyó a quienes tienen discapacidad intelectual y del desarrollo incluyendo Síndrome de Down, a pacientes oncológicos y a personas con tuberculosis activa.

Desde el inicio de la estrategia de vacunación, se han ido evaluando y actualizando las recomendaciones nacionales de acuerdo a la evidencia científica creciente y dinámica, nacional e internacional, que surge en relación a condiciones de mayor riesgo de enfermar gravemente o morir por COVID-19, y de acuerdo también a las recomendaciones de vacunación que adoptan otros países y su sustento científico.

La incorporación de estos nuevos grupos a la población objetivo “se basa en un gran trabajo que hemos realizado de manera progresiva y articulada entre la ANDIS y el Ministerio de Salud, junto a distintos actores representativos de personas con condiciones de riesgo incrementado” señaló Fernando Galarraga, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Nuestro país dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación contra la COVID-19 en diciembre de 2020, con el propósito de disminuir la morbilidad-mortalidad y el impacto socio-económico ocasionados por la Pandemia y con el objetivo de vacunar al 100% de la población objetivo en forma escalonada y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad gradual y creciente del recurso y la priorización de riesgo.

Tras el anuncio, tanto del Ministerio como de la ANDIS señalaron que la ampliación de población objetivo ante mencionada, surgió en función del riesgo aumentado de enfermedad grave o muerte por Covid, e hicieron hincapié en que, aunque se haya recibido la vacuna “se sugiere sostener fuertemente la recomendación de extremar las medidas de cuidado y protección”. 

Vale recordar que la ANDIS es el organismo que se encarga de desarrollar, articular e implementar políticas públicas desde una perspectiva integral de promoción de derechos, facilitando el acceso de las personas con discapacidad al conjunto de las herramientas propuestas por el Estado en la materia.

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