Continúan las protestas de cooperativistas en La Plata y prevén 60 cortes

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Tras más de una semana de manifestaciones, el grupo de trabajadores que acampa frente a la Municipalidad continuará con los reclamos a Garro.

Este miércoles continuarán los cortes de calle y piquetes en el microcentro platense, en el marco de las jornadas de protesta de cooperativistas que prestan servicio a la Municipalidad, que ya se extienden desde hace 8 días consecutivos.

Desde horas de la mañana, se podían observar manifestaciones sobre diagonal 74, calle 12, Avenida 13 y otras arterias del trazado urbano de la ciudad. En tanto, desde la organización advirtieron que realizarán unos 60 cortes temporales a lo largo del día, generando un auténtico caos en un microcentro que habitualmente no requiere de factores extraordinarios para tornarse intransitable.

Este martes las protestas se intensificaron con una gran movilización y una caravana alrededor de la Plaza Moreno, además de la interrupción del tránsito en calle 12, que ya se volvió moneda corriente en la última semana.

Las densas columnas de humo provenientes de neumáticos incendiados llamaron la atención de los platenses en los últimos días, tras lo cual se supo que se trataba de cooperativistas que reclamaban diferentes perjuicios en el pase a planta permanente anunciado por el intendente, Julio Garro, durante la última apertura de sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante.

En rigor, las dificultades denunciadas giran en torno a cuestiones como la precarización de los contratos firmados, situaciones de discriminación a la hora de acceder a los mismos, y en definitiva la pérdida de recursos monetarios por parte de los trabajadores.

Por su parte, .el intendente se ha mostrado escéptico respecto a los reclamos, cuestionando los motivos de los mismos, así como la metodología.

“Los platenses tenemos que soportar otro corte por parte de especuladores que increíblemente no quieren que cooperativistas pasen a la planta municipal. Todos deberían anhelar que un trabajador acceda a obra social, jubilación, vacaciones, aguinaldo, estabilidad ¡Lamentable!”, escribió Garro en su perfil de Twitter el pasado martes 23 de marzo.

Por su parte, el viernes pasado advirtió que, si bien no se opone a las manifestaciones ni marchas, “no es lo mismo peticionar que destruir el patrimonio de los platenses”, en referencia a la quema de neumáticos en plena vía pública.

¿Cuáles son las bases de las jornadas de protesta?

Entre los principales reclamos, desde el movimiento de cooperativistas platenses señalan que los haberes dispuestos son muy magros: mientras un trabajador que desempeña tareas similares en una empresa privada cobra “entre 30 y 35 mil pesos”, el salario propuesto desde el municipio es de $13.000.

Así lo aseguró el coordinador del Movimiento Dignidad y Confluencia de La Plata, Berisso y Ensenada, Javier Burelli, que viene representando a los manifestantes.

En diálogo con 0221, el referente también apuntó a la “precariedad” de los contratos que vinculan a los cooperativistas con la comuna.

“Aunque el Municipio asegura que no son vínculos trimestrales está claro que lo que están proponiendo es un esquema de ‘destajistas’, que contempla ese período de tiempo y no impide la ‘no renovación’ del vínculo, sin que eso sea considerado un despido”, evaluó Burelli.

A su vez, también cuestionan los criterios de exclusión implementados por la administración de Julio Garro. En lo referente a los trabajadores mayores de 50 años, criticaron que no existen “proyectos de reconversión previstos”.

También quedarían afuera las personas con problemas de salud por no pasar los exámenes físicos y aquellos que tienen antecedentes penales, ya que no pueden acceder a los certificados de buena conducta que exige el Estado para trabajar en su seno.

En lo estrictamente económico, el reclamo consiste en que esta formalización de su actividad laboral les impediría acceder a las políticas de ayuda social, como el programa Hacemos Futuro, la Tarjeta Alimentar o becas como el Progresar.

En ese sentido, el salario de $13.000 no cierra entre los trabajadores como una cifra suficiente para renunciar al respaldo estatal, ya que implicaría una sensible pérdida en la economía familiar.

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