Baratta defendió la baja de imputabilidad y lanzó duras críticas al sistema de contención estatal

El ex jefe policial sostuvo que la mayoría de los menores que delinquen terminan muertos y pidió combinar la reforma penal con medidas más severas de intervención social. Sus declaraciones se dan en medio del debate legislativo por la reducción de la edad de imputabilidad.

En plena discusión parlamentaria sobre la reforma del régimen penal juvenil, el ex jefe de la policía bonaerense Salvador Baratta respaldó la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad y planteó una visión crítica sobre el rol del Estado frente a la criminalidad juvenil.

El ex funcionario aseguró que la actual estructura institucional no logra revertir el ingreso de adolescentes al delito y sostuvo que gran parte de los jóvenes involucrados en hechos delictivos termina con desenlaces fatales.

Durante declaraciones radiales, Baratta afirmó que “el 70 por ciento de los menores terminan muertos” y consideró que el sistema de institutos de menores resulta ineficaz para la reinserción social. “En los institutos que tenemos hoy, no se va a recuperar nadie de la delincuencia. Y les digo más: yo todos los casos que tuve de menores ¿sabe como terminaron?, el 70 por ciento muertos. Porque el Estado vela mucho por los derechos humanos del pibe, pero lo deja en la calle para que se vuelva a cagar a tiros con la policía”, sostuvo en una entrevista con Radio Rivadavia.

El ex comisario respaldó el endurecimiento de la legislación penal juvenil, aunque remarcó que la discusión no debería limitarse únicamente a la punibilidad. “La ley está bárbara para los menores que ya son delincuentes. A mí lo que me preocupa no es meter presos a los menores de 14 años, 12, 13, la edad que le quieran poner a la imputabilidad. A mí me interesa a los que están entrando en el sistema criminal que acá nadie le da bolilla a eso”, expresó.

En ese sentido, propuso complementar el nuevo régimen con políticas de intervención social más profundas, orientadas a la protección de menores en contextos familiares vulnerables. “Acá tenemos que acompañar esta ley con una ley mucho más drástica, que el menor que está en peligro en el seno familiar sea sacado de esa familia, sea puesto en una familia de guarda, porque si no esto es un ejército de hormigas”, agregó.

Baratta también alertó sobre lo que describió como una progresión generacional del delito juvenil y planteó que la baja de imputabilidad podría resultar insuficiente si no se atacan las causas estructurales. “Ahora vamos a meter presos a los de 14, pero atrás vienen los de 9, los de 8, los de 7. Acá venimos de dos generaciones de pibes que venían robando, que iban a visitar a los padres de la cárcel. Esto es como el combate en la guerra, matamos al enemigo y punto. El que viene de frente, listo, va preso. ¿Y los que vienen atrás?”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó la continuidad de menores en entornos atravesados por la criminalidad y planteó interrogantes sobre la responsabilidad estatal en esos casos. “Un chico que tiene 4 o 5 años y tiene a los hermanos presos, a los primos presos, al padre preso, a la madre que vende cocaína, ¿se los seguimos dejando ahí? ¿Qué esperamos que salga de ahí?”, expresó.

El ex subjefe policial profundizó su postura al sostener que la transmisión del delito dentro de ciertos contextos familiares es un fenómeno reiterado. “El 90 por ciento de los casos de un padre chorro que el nene de un año o dos lo va a visitar a la cárcel todas la semana, sale un chorro. Se lo debato al legislador que quiera. Agarremos a los menores, los menores no tienen antecedentes que es otra payasada en este país, pero agarremos a los menores con entrada y fijémonos cuántos tienen padres y madres delincuentes”, afirmó.

Finalmente, Baratta rechazó la idea de que la delincuencia juvenil sea una consecuencia directa del funcionamiento social y trasladó la responsabilidad al Estado. “¿Por qué nos hacen cargo a todas las sociedades que estos pibes son productos de la sociedad? Discúlpeme, yo no me siento responsable. Yo como ciudadano de bien, pago mis impuestos, pago todo para que el Estado a estos pibes les dé educación, les dé salud y nos dé seguridad. Así que yo mi función como ciudadano la cumplo. De esto que se haga cargo el Estado”, concluyó.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el Congreso debate cambios estructurales en el régimen penal juvenil, un proceso que reavivó discusiones sobre seguridad, derechos de la infancia y políticas de prevención del delito en todo el país.