Por: Redacción PyM

En un recinto todavía sacudido por la violencia registrada en la jornada previa durante el debate de la reforma laboral, el Gobierno consiguió encadenar dos triunfos legislativos y mostró capacidad de construcción de mayorías.

La Cámara baja aprobó el nuevo régimen penal juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, y también avaló el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en votaciones que dejaron expuestas divisiones dentro de la oposición.

El primer test se resolvió con una diferencia clara. El oficialismo reunió 149 votos afirmativos contra 100 rechazos, que concentraron a Unión por la Patria, la izquierda parlamentaria, legisladores alineados con el gobernador Raúl Jalil y la diputada cordobesa Natalia de la Sota. La segunda pulseada mostró un respaldo todavía más contundente: el tratado birregional fue ratificado con 203 votos favorables, 42 negativos y cuatro abstenciones.

El dato político más relevante surgió del comportamiento del peronismo, que quedó dividido en partes casi iguales. Un sector acompañó al oficialismo, mientras que el kirchnerismo duro, junto a La Cámpora y el espacio referenciado en Juan Grabois, votó en contra. En ese contexto, llamó la atención la postura del jefe del bloque peronista, Germán Martínez, quien en votaciones con bancadas fracturadas suele optar por la abstención, pero esta vez se inclinó por respaldar el proyecto oficial.

Un régimen penal con cambios estructurales

La iniciativa que obtuvo media sanción establece un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil que reemplaza normas vigentes desde la última dictadura. Entre sus ejes centrales, fija un máximo de 15 años de prisión para delitos graves y prohíbe expresamente la pena perpetua para menores de entre 14 y 17 años.

El proyecto dispone que los adolescentes privados de libertad deberán cumplir sus condenas en instituciones específicas, separadas del sistema penitenciario de adultos. También introduce un esquema gradual de sanciones que prioriza medidas educativas y sociales para delitos menores.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, defendió la iniciativa al señalar que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”. Además, cuestionó el sistema actual al advertir que “Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”.

Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz apuntó contra el discurso oficial. Criticó a Patricia Bullrich por impulsar, según sostuvo, "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’". Y agregó: “Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”. En esa línea, afirmó que “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.

Con el aval de Diputados, el texto será girado al Senado, donde fuentes parlamentarias anticipan que podría tratarse hacia fines de febrero.

Ratificación del tratado con la Unión Europea

El segundo triunfo oficialista fue la convalidación legislativa del acuerdo comercial birregional, un documento de más de 5.000 páginas que prevé eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reducir barreras para el ingreso de bienes industriales y tecnológicos europeos.

El tratado fue firmado en enero en Asunción durante una cumbre regional encabezada por Javier Milei junto a sus pares Santiago Peña y Yamandú Orsi. El encuentro estuvo marcado por la ausencia del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La implementación efectiva del acuerdo todavía depende del visto bueno del Parlamento Europeo, que ordenó su revisión por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su impacto. Ese proceso podría extenderse por meses o incluso años, aunque en Bruselas no descartan una aplicación provisoria mientras se resuelve el análisis judicial.

Durante el debate, también quedaron en evidencia las diferencias internas del peronismo. El ex canciller Santiago Cafiero cuestionó el tratado al advertir que “no garantiza que podamos tener accesos a los mercados europeos” y alertó sobre la existencia de “barreras pararancelarias que terminan funcionando como muros para que la producción agropecuaria no pueda penetrar”. En contraste, el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi sostuvo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur" y anticipó su respaldo al sostener: “Voy a votar a favor del acuerdo. A mi criterio es una insubordinación estratégica al presidente Donald Trump”.

Desde el oficialismo, la titular de la comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, destacó que el tratado representa “una señal clara” de integración económica y afirmó que “este acuerdo no es un punto de llegada sino un punto de partida”. En ese sentido, subrayó que “Argentina eligió la apertura, la competencia y la integración al mundo”, al tiempo que remarcó que el aislamiento económico “no genera desarrollo productivo”.

La doble victoria legislativa permitió al Gobierno recuperar iniciativa política tras los episodios de violencia registrados en las calles. Sin embargo, la fractura opositora y la dependencia de futuras negociaciones en el Senado anticipan que la consolidación de estas reformas todavía enfrenta un escenario parlamentario cargado de tensiones.