Por: Info360.net

Después de más de un mes de incendios ininterrumpidos en la Patagonia, el Gobierno nacional oficializó un decreto de Emergencia Ígnea para responder al desastre ambiental que ya consumió más de 230 mil hectáreas. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de una jornada marcada por versiones cruzadas dentro de la Casa Rosada sobre cómo encarar la situación.

La decisión se produjo en un contexto de fuerte presión social y política. Mientras el fuego continuaba activo en zonas de Chubut, Río Negro y Neuquén, organizaciones ambientales y pobladores advirtieron que los daños sobre bosques nativos y parques nacionales son irreversibles. En paralelo, el Ministerio de Seguridad anunció el envío de fondos a asociaciones de bomberos voluntarios, aunque desde el sector sostienen que los recursos llegan tarde y resultan insuficientes.

Según lo informado oficialmente, se distribuirán más de 100 mil millones de pesos entre más de mil asociaciones de bomberos del país. Sin embargo, brigadistas y trabajadores del sistema de manejo del fuego denunciaron precarización laboral, falta de equipamiento y recortes presupuestarios que debilitaron la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud.

La medida por decreto se tomó luego de descartar el tratamiento de una ley específica en sesiones extraordinarias. Gobernadores de las provincias afectadas habían pedido que la emergencia ígnea fuera incorporada al temario legislativo, pero el Ejecutivo optó por una salida administrativa más rápida. Desde el entorno presidencial también confirmaron que Javier Milei no viajará a las zonas afectadas.

Especialistas advierten que el contexto se agravó tras la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y por la reducción presupuestaria prevista para 2026. De acuerdo con un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el recorte limita las herramientas para prevenir incendios y responder ante eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes. En ese marco, crecen las críticas por la falta de una política ambiental integral frente a una crisis que ya dejó pérdidas ecológicas de gran escala.