Por: Info360.net

El Gobierno nacional avanzó con una profunda modificación en el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al habilitar, mediante un decreto de necesidad y urgencia, que sus agentes puedan realizar aprehensiones en determinadas circunstancias. La decisión forma parte de una reorganización más amplia del sistema de inteligencia argentino.

El DNU 941/2025 incorporó un nuevo artículo a la Ley 25.520 que permite a los agentes intervenir ante delitos cometidos en flagrancia, en tareas de inteligencia específicas o cuando exista un requerimiento judicial. En todos los casos, la normativa establece que deberá darse aviso inmediato a las fuerzas policiales o de seguridad correspondientes.

Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma busca fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y amenazas al orden constitucional. Además, se dispuso una reestructuración interna que incluye la reasignación de personal y la eliminación de áreas consideradas superpuestas dentro del Ministerio de Defensa.

El nuevo esquema también redefine organismos clave: la Agencia Nacional de Contrainteligencia reemplaza a la anterior Agencia de Seguridad Nacional, mientras que la Inspectoría General de Inteligencia asume funciones de control interno y auditoría sobre las actividades de la SIDE.

Las modificaciones no tardaron en generar críticas. Especialistas en derecho constitucional advirtieron que el decreto podría vulnerar garantías individuales al otorgar facultades de detención a personal que no pertenece a fuerzas policiales tradicionales. En ese sentido, señalaron que cambios de esta magnitud deberían debatirse en el Congreso y anticiparon posibles cuestionamientos judiciales.