Por: Info360.net
La Cámara Alta vivió este lunes un episodio de fuerte tensión institucional luego de que la senadora peronista Cándida López denunciara que personal de seguridad la agredió física y sexualmente cuando intentó abrir el despacho que consideraba asignado. La legisladora llegó acompañada de un cerrajero y, según su relato, fue empujada, manoseada y terminó con lesiones en un tobillo, constatadas por el servicio médico del Senado.
El conflicto se originó a partir de una decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dispuso en septiembre el cambio de cerraduras de los despachos de los senadores salientes para organizar la entrega de oficinas a los nuevos integrantes. Desde el entorno de López sostienen que la medida nunca fue comunicada de forma personal y que la faja colocada en su puerta fue una maniobra destinada a impedirle el ingreso.
López vincula el episodio con su juramento del viernes pasado, cuando prometió por los “30 mil desaparecidos” frente a Villarruel, quien mantiene posiciones afines al negacionismo de los crímenes de la última dictadura. Desde el equipo de la senadora afirmaron que sus colaboradores ya trabajaban en las oficinas que dejó vacantes Sergio Leavy y que esa situación había sido informada al interbloque de Unión por la Patria.
Cerca de Villarruel, en cambio, calificaron la actitud de López como “una provocación” y señalaron que la senadora habría actuado “fuera de sus cabales” al asistir con nueve acompañantes el día de la jura y con un cerrajero este lunes. También insistieron en que el reparto de oficinas fue acordado con los presidentes de todos los bloques. Incluso un senador libertario deslizó que el conflicto podría haber sido alentado por sectores kirchneristas.
Tras el forcejeo, López volvió al lugar escoltada por Juliana di Tullio, quien acusó a la vicepresidenta de ingresar de forma irregular al despacho donde la fueguina había dejado su computadora personal. La legisladora denunciante sostiene que ningún otro despacho sufrió cambios de cerradura ni fajas de clausura, y su equipo afirma que el episodio constituye un hecho de “extrema gravedad institucional” por violar la autonomía del Poder Legislativo.