Por: Info360.net

La provincia de Formosa registró una caída real del 10,6% en los fondos coparticipables en comparación con 2023, lo que equivale a $200.297 millones menos para su presupuesto. La merma está vinculada a la desaceleración económica nacional, el impacto de las políticas restrictivas del Gobierno de Javier Milei y la caída del consumo, que redujo la recaudación del IVA, principal impuesto coparticipable.

El retroceso no es aislado. De acuerdo con indicadores elaborados con datos del INDEC y del Ministerio de Economía, las transferencias automáticas muestran una baja sostenida desde 2023. Solo en octubre de este año, el financiamiento per cápita cayó 6,35% interanual, y en el acumulado entre enero y octubre de 2025 la caída alcanza el 11,82% respecto del mismo período de 2023. La merma se replica en el total de envíos acumulados, que también descienden 10,6% en términos reales.

A este escenario se suman los recortes en transferencias no automáticas y la paralización de programas nacionales. En Formosa, el Gobierno nacional detuvo el mantenimiento de rutas y obras clave, incluso desoyendo una orden judicial que exigía reparaciones. Esto impacta tanto en la seguridad vial como en el costo operativo de las actividades económicas que dependen de caminos transitables.

Si se consideran los fondos automáticos, la coparticipación y las transferencias no automáticas, la pérdida total para la provincia supera los $450.000 millones. Dentro de esa cifra se incluye la deuda nacional con la Caja de Previsión Social, que ya acumula más de $210.000 millones por aportes no girados. Frente al ajuste, el gobierno provincial debió sostener con recursos propios salarios, asistencia social y comedores escolares, que continúan funcionando pese al retiro de financiamiento nacional.

Aun en este contexto, la gestión de Gildo Insfrán logró inaugurar más de 130 obras durante el año. Muchas habían quedado paralizadas por Nación y están vinculadas a servicios esenciales como acceso al agua potable, infraestructura educativa y centros de primera infancia. Otras corresponden a proyectos históricamente cubiertos por el Tesoro provincial, que ahora debe compensar además la ausencia de aportes federales.