Por: Info360.net

La gestión de Seguridad que encabezó Patricia Bullrich cierra marcada por un duro informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que documentó un número récord de denuncias por violencia institucional en cárceles federales y fuerzas de seguridad. El relevamiento señala que durante 2024 se contabilizaron más de 1.800 hechos de torturas y malos tratos en el ámbito federal, tanto dentro del Servicio Penitenciario como en intervenciones de Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.

El reporte detalla que 271 personas denunciaron episodios de violencia policial y otras 646 fueron víctimas de hechos ocurridos dentro del Sistema Penitenciario Federal, sumando un total de 1.465 situaciones documentadas en cárceles. Los casos incluyen agresiones físicas, aislamientos prolongados, deficiencias en la alimentación y falta de atención médica adecuada. Los complejos de Villa Devoto y Luján de Cuyo encabezan los registros con la mayor cantidad de episodios.

Además del informe anual, la PPN difundió recientemente el Reporte N°7, que confirma la continuidad de la problemática: solo en el primer semestre de 2025 se registraron 201 nuevas víctimas de malos tratos en manos de fuerzas de seguridad o personal penitenciario. De ese total, 17 personas sufrieron violencia de manera reiterada, lo que evidencia una dinámica persistente dentro del sistema.

El escenario se agrava al incluir los registros provinciales. En todo el país se contabilizaron 1.198 víctimas y 4.745 hechos denunciados. La provincia de Buenos Aires concentra el mayor volumen, con 552 personas afectadas y más de 3.200 situaciones de tortura o tratos degradantes, especialmente en los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica.

Para la PPN, la conclusión es contundente: la tortura constituye un componente estructural del sistema penal argentino. El organismo remarcó que la decisión del Gobierno nacional de trasladar el Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad intensificó la preocupación sobre los mecanismos de control. La nueva ministra, Alejandra Monteoliva, deberá afrontar un cuadro crítico que exige medidas urgentes y mayor transparencia institucional.