Por: Info360.net

El esfuerzo desplegado por las fuerzas de seguridad, rescatistas y voluntarios ilustra con crudeza el costo humano y económico que implica una operación de búsqueda sin una referencia geográfica precisa. Helicópteros, drones, vehículos todo terreno, personal especializado y horas de rastreo sobre un terreno hostil componen un dispositivo que podría haberse simplificado —y quizás acortado— mediante una señal satelital emitida en el momento mismo del extravío. Una PLB, al activarse, envía coordenadas exactas al Sistema Internacional de Rescate COSPAS-SARSAT, operativo las 24 horas y con cobertura mundial, permitiendo que las autoridades locales inicien el operativo en cuestión de minutos, no de días.

            En 1994, se genera un proyecto conjunto de Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, con el objeto de implementar el segmento terreno del sistema COSPAS SARSAT, el mismo fue declarado de interés nacional por ambas Cámaras del Poder Legislativo. No obstante poco se sabe, pero la República Argentina cuenta efectivamente desde el año 2002 con esta capacidad tecnológica y operativa. Nuestro país integra el sistema COSPAS-SARSAT, dispone de estaciones terrenas y de un Centro de Control de Misión (MCC) operado por la Fuerza Aérea Argentina conjuntamente con la Armada Argentina, responsable de las tareas de las alertas en los ámbitos aéreo, marítimo y fluvial. Este organismo, y el personal que los sostiene, constituyen una red profesional altamente calificada, que trabaja con eficacia y compromiso ante cada emergencia. No se trata, por tanto, de una falta de capacidad institucional, sino de una falta de conocimiento y de cultura preventiva entre los usuarios potenciales de estas herramientas.

            A pesar de ello, el uso y la promoción de las PLB en Argentina siguen siendo marginales. Ni el Estado ni la mayoría de las organizaciones vinculadas a actividades al aire libre —trekking, pesca, 4x4, montañismo, navegación o turismo de aventura, actividades outdoors, etc.— las incluyen de manera obligatoria o siquiera recomendada en sus protocolos de seguridad. Paradójicamente, en países con geografías similares, como Chile, Canadá o Nueva Zelanda, portar una baliza personal es requisito básico para internarse en zonas despobladas o de difícil acceso. Allí se entiende que la prevención no es una elección individual, sino una responsabilidad colectiva: hacia uno mismo, hacia los rescatistas y hacia los recursos públicos.

            El caso de Rocas Coloradas debería servir para revisar nuestras políticas y prioridades. Difundir, facilitar y exigir el uso de dispositivos de localización personal no es un detalle técnico: es una decisión humanitaria. Significa reducir tiempos de búsqueda, optimizar recursos, aliviar el desgaste emocional de las familias y, sobre todo, aumentar las probabilidades de rescatar con vida a quienes se pierden o sufren accidentes en entornos extremos.

            Argentina dispone del conocimiento, la estructura y el personal capacitado para operar este sistema con eficiencia. Lo que falta es la decisión política de impulsar su uso masivo, integrar estas herramientas en los protocolos oficiales y promover una verdadera cultura de seguridad y autoprotección.

            Cada hora cuenta, y cada señal puede salvar una vida. Convertir una tragedia en una lección aprendida —y esa lección en una política pública— es el paso necesario para honrar tanto el esfuerzo de quienes buscan como la memoria de quienes ya no pudieron ser encontrados a tiempo.