Por: Info360.net

El Gobierno nacional decidió eliminar la obligación de las empresas de transporte internacional de verificar los permisos que habilitan a niños, niñas y adolescentes a ingresar o salir del país. La medida, establecida por la Disposición 166/2025 de la Dirección Nacional de Migraciones, generó fuertes críticas desde la oposición, que la calificó como "irresponsable" y una "puerta abierta" para el delito de trata de personas.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial el 30 de enero, reemplaza la normativa anterior que exigía a las empresas de transporte internacionales verificar la identidad y la documentación de los menores, así como la residencia de extranjeros que ingresaban y salían del país. Según el Poder Ejecutivo, la medida busca "simplificar el acceso del pasajero a las terminales de embarque, brindando mayor celeridad y eficiencia en los procesos".

Desde el Gobierno aseguraron que los controles migratorios seguirán a cargo del personal de Migraciones en los pasos fronterizos. "Nadie puede salir del país con un menor sin pasar por Migraciones y sin tener los papeles correspondientes", indicaron fuentes oficiales. Además, justificaron la eliminación del "doble check" al argumentar que la responsabilidad de fiscalización debe recaer exclusivamente en Migraciones, y no en las empresas de transporte.

Las críticas desde la oposición no tardaron en llegar. La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, denunció que la medida facilita el accionar de redes de trata y cuestionó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. "Se podrá sacar a los niños del país con suma facilidad. Hoy las redes mafiosas dedicadas a la trata y venta de niños han dado un paso adelante", publicó en sus redes sociales. Por su parte, la diputada de Unión por la Patria, Ana María Ianni, también criticó la medida y la calificó de "total irresponsabilidad".

El debate sigue abierto y las posiciones encontradas reflejan la tensión entre la desregulación promovida por el Gobierno y las preocupaciones sobre los riesgos que esto podría generar en la seguridad de los menores de edad y la lucha contra la trata de personas.