

Por: info360.net
El Gobierno ha decidido avanzar con la privatización de empresas estatales en sectores estratégicos, dando inicio con Belgrano Cargas y planteando futuros pasos en trenes de pasajeros. La medida, que rememora las privatizaciones de los años 90, busca fraccionar las concesiones para atraer inversión privada y mejorar la competitividad. A esta iniciativa se suma el reciente proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, con apoyo de partidos de la oposición.
Actualmente, el Estado posee una participación mayoritaria en 34 empresas, aunque el número de compañías que mantienen superávit ha disminuido. Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, solo 12 de estas empresas cerraron con saldo positivo en el primer trimestre de 2024, en contraste con las 21 que reportaron superávit el año anterior. Este retroceso financiero responde, en parte, a los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno en el marco de su estrategia de reducción del gasto público.
La Secretaría de Transporte indicó que la privatización de Belgrano Cargas se realizará en tres etapas para evitar problemas de gestión que afectaron la concesión en el pasado. El modelo propuesto contempla dividir la administración, infraestructura y operación en distintas concesiones para elevar la eficiencia y atraer capital privado en cada área.
La estrategia de privatización ha generado un intenso debate en torno al impacto de los recortes estatales sobre las empresas públicas. Mientras que empresas como AySA han incrementado su facturación gracias a ajustes tarifarios, otras, como Aerolíneas Argentinas, registraron caídas de ingresos de hasta un 28 % en el primer semestre del año. Esta política ha sido criticada por expertos, quienes advierten sobre un aumento en los costos de servicios esenciales para los ciudadanos.
Finalmente, el centro de estudios OCIPEX cuestionó los recortes y resaltó que las empresas estatales han sido clave en el desarrollo de sectores estratégicos. Según el organismo, el fortalecimiento de estas empresas permitió una reducción en las transferencias del Tesoro, lo que ahora está en riesgo debido a los nuevos recortes y políticas de privatización.