Por: Info360.net

El presidente Javier Milei cumplió con su promesa y vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. La medida se formalizó el miércoles por la tarde, a pocas horas de una multitudinaria marcha federal que reclamaba la defensa de la educación pública. El decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, fue la respuesta del gobierno a las demandas de miles de estudiantes, docentes y trabajadores que se manifestaron frente al Congreso y en varias ciudades del país.

El gobierno argumentó que la ley, que aumentaba los recursos destinados a las universidades nacionales, era "fiscalmente insostenible" y generaría un aumento en el gasto público sin una fuente clara de financiamiento. Según el texto del veto, la implementación del proyecto habría supuesto un incremento de más de 250 mil millones de pesos en los presupuestos universitarios hasta agosto de 2024, cifra que, para el gobierno, afectaría directamente las metas de déficit cero y equilibrio fiscal que buscan alcanzar.

Milei defendió la decisión con un mensaje claro hacia los legisladores, exhortándolos a actuar con "responsabilidad" en el manejo de los recursos públicos. Según el comunicado de la Oficina del Presidente, el lugar adecuado para debatir el financiamiento universitario será durante la discusión del Presupuesto Nacional 2025, y no mediante leyes que no contemplan su impacto en las cuentas fiscales.

El veto generó una fuerte reacción entre sectores de la oposición y sindicatos docentes. La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y otros gremios calificaron la medida como un "ajuste encubierto" que perjudicará el acceso a la educación pública. Durante la protesta, las consignas no solo reclamaban por la preservación de la universidad, sino que advertían sobre el retroceso en derechos adquiridos en décadas de consenso social en torno a la educación superior.

El Congreso deberá ahora evaluar si acepta el veto presidencial o busca rechazarlo en un nuevo debate. Mientras tanto, la comunidad universitaria promete mantener la presión en las calles para defender la continuidad del financiamiento y evitar un ajuste en el sistema educativo.