Por: Info 360

El polémico proyecto de Ley Ómnibus, presentado por el Poder Ejecutivo y actualmente en discusión en el Congreso Nacional, plantea modificaciones significativas en la educación superior. Uno de los puntos más destacados es la posibilidad de que las universidades estatales cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes, una medida que marcaría un quiebre en la tradicional gratuidad de la educación pública en Argentina.

La propuesta, conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos," busca habilitar a las instituciones de educación superior de gestión estatal, incluyendo universidades nacionales, a establecer aranceles para estudiantes no argentinos nativos, ni por opción, y aquellos extranjeros sin residencia permanente en el país.

La legislación actual, en el artículo 2 bis de la ley 24.521 de Educación Superior, establece claramente la gratuidad de los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal para todos los ciudadanos argentinos, nativos o por opción, así como para extranjeros con residencia permanente. La propuesta de la Ley Ómnibus busca modificar esta disposición permitiendo la posibilidad de aranceles para ciertos estudiantes.

Según el artículo N° 556 del proyecto, el aporte del Estado Nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal se distribuirá en función de diversos criterios, incluyendo el número de estudiantes matriculados, el tipo de carrera ofrecida y el número de egresados. Esto marca un cambio con respecto a la normativa actual que prohíbe la disminución o reemplazo del aporte estatal mediante recursos adicionales no contemplados en el presupuesto anual.

La iniciativa de Javier Milei, que forma parte de un extenso proyecto con más de 1,000 artículos, ha generado un intenso debate en torno a la autonomía universitaria y la dirección que tomará la educación superior en Argentina. Además, la Ley Ómnibus aborda diversas áreas, otorgando amplias facultades legislativas al Poder Ejecutivo en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, defensa, tarifarias, energéticas, y sanitarias, entre otras.

Aunque la ley propuesta se enmarca en la declaración de "promover la iniciativa privada" y limitar la intervención estatal, su impacto potencial en el acceso a la educación superior y en la relación de Argentina con organismos internacionales está generando una profunda reflexión y análisis tanto en el ámbito político como en el académico.