Por: Redacción PyM

Luego del problemático Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado el miércoles de la semana pasada por el presidente de la Nación, Javier Milei, que ocasionó cacerolazos espontáneos y protestas; el foco de atención se trasladó rápidamente a la denominada ‘Ley Ómnibus’ enviada por el Gobierno al Congreso.

El proyecto solicita declarar la emergencia pública por el plazo de dos años en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. A raíz de ello, prevé delegar al Poder Ejecutivo facultades propias del Legislativo, para tomar decisiones en ese amplio espectro sin pasar por el Congreso.

Inmediatamente, el raid de escándalos de opinión pública de la administración Milei, que en menos de 20 días pasó de una devaluación brutal al protocolo antipiquetes y luego al DNU que deroga de un plumazo más de 300 leyes, ahora se trasladó a la bautizada “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”. 

Entre las 183 páginas de la iniciativa firmada por Milei, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo, los activistas observaron severos retrocesos en materia de legislación que protege el medio ambiente.

En este sentido se manifestó el reconocido abogado Enrique Viale, integrante del Colectivo por la Justicia Ecosocial ‘Abogadxs Ambientalistas’, quien consideró el contenido del proyecto un “gravísimo ataque a la Ley de Bosques y Glaciares”.

 

 

 

 

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Al respecto, sostuvo que se trata de “un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental de Argentina al liquidar las dos leyes que más esfuerzo ciudadano costaron”.

Viale precisó, respecto a la Ley de Bosques que a través de una “confusa técnica legislativa” el Gobierno busca “autorizar los desmontes en las áreas de protección I y II (roja y amarilla)”, lo cual “actualmente está expresamente prohibido”, y advirtió: “Todos los bosques argentinos podrán ser desmontados”.

Por otro lado, en torno a los cambios previstos en la Ley de Glaciares, explicó que “se permite la actividad minera en ambiente periglaciar (actualmente expresamente prohibida)”, denunció: “Este retroceso ambiental es la exigencia histórica de las grandes mineras transnacionales como Barrick Gold que pretenden avanzar sobre estos ecosistemas y, con esta modificación, lo podrán hacer sin limitaciones”.

Sobre el final del comunicado, expresó: “Señores y señoras, no podemos permitirlo. A luchar, en las calles, en Tribunales y en el Congreso. Todos juntos y juntas”.