Por: Info360

La Provincia ha emitido un comunicado en respuesta a un artículo del periodista Carlos Pagni, publicado recientemente en La Nación, en el que se alegaban supuestos movimientos financieros inapropiados por parte de funcionarios.

Según el informe de Pagni, el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, solicitando que se requiera al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing y a American Express, que proporcionen información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de Argentina, específicamente de la provincia de Buenos Aires.

Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que ganaron un juicio contra el Estado bonaerense en marzo pasado por 35,092,958.41 millones de dólares. Estos bonistas no habían aceptado el canje de deuda propuesto por Axel Kicillof, Gobernador de la provincia, y su ministro de Economía, Pablo López.

El informe destaca que la presentación de Hranitzky incluye información delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios obtenida a través de un procedimiento denominado "discovery", que requiere que un imputado publique toda la información relacionada con una demanda. Según Pagni, ocho entidades financieras ya han proporcionado información, mientras se espera que el Bank of New York Mellon, Pershing y American Express hagan lo propio pronto.

La denuncia de Pagni sostiene que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, han sido señalados por supuestos movimientos financieros significativos en los últimos dos años. Otro funcionario bajo escrutinio es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quien supuestamente transfirió grandes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza.

El artículo también menciona a la abogada Ana María Bazán, quien trabaja en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof, y estaría relacionada con los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

En respuesta, el gobierno bonaerense ha desestimado las acusaciones, calificándolas de intento desesperado de influir en el proceso electoral desde el extranjero y medios locales. Además, las personas mencionadas en la denuncia niegan cualquier participación en actividades ilícitas y han emprendido acciones legales para aclarar su situación. La Provincia planea presentar una queja formal ante el tribunal estadounidense para cuestionar las acusaciones de los fondos buitre y denunciar la mala fe en el uso de la información.