Por: Redacción Info360

En los últimos días, la Municipalidad de La Plata informó que en el plazo inmediato la denominada zona roja será mudada de los sitios del casco urbano donde se ubica desde hace años hacia el área del bosque, generando malestar y repudio entre entidades civiles vinculadas al activismo travesti y trans.

Esto pudo verse reflejado en un comunicado de la organización Otrans, una de las más reconocidas de la región, con fuerte presencia en la capital bonaerense, que pidió: “No a la reubicación, necesitamos políticas integrales de cuidado”.

Según indica el documento el lunes 3 de abril diferentes organizaciones sociales conformadas por travestis, trans y disidencias sexogenéricas fueron convocadas por la Municipalidad de La Plata para ser “notificadas” acerca de la “reubicación” de la denominada “Zona Roja” de la ciudad a la calle 122 entre 52 y 55 en el plazo de 15 días.

“Decisión tomada una vez más de manera arbitraria e inconsulta por el intendente, Julio Garro”, cuestionaron en el texto, donde añadieron: “Por unanimidad, las organizaciones y espacios que participamos de la convocatoria, manifestamos nuestro rechazo a la medida”.

Entre los fundamentos de la oposición, mencionaron que la decisión “viola los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, en la Ley N° 26.743 de Identidad de Género y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a los que la Argentina suscribe”.

En esa misma línea, también advirtieron que reubicar la zona roja “convierte a la ciudad de La Plata en un Estado proxeneta que pretende regular el trabajo sexual sin consentimiento de quienes lo ejercen; imponiendo la zona y cobrando multas de hasta $350.000 a quienes circulen por fuera de ese espacio”.

En otro orden, se criticó la difusión de “la falsa noticia de un consenso” acusando que “realmente rechazaron todas nuestras propuestas”.

Volviendo a la acusación previa, desde Otrans advirtieron que la ordenanza municipal que impulsó el intendente de La Plata “excede a sus competencias y se atribuye las funciones que le competen al Congreso Nacional”, además de “condenar a la comunidad travesti-trans a la clandestinidad de la noche, reproduciendo la condena social y poniendo en riesgo su integridad en todo sentido”.

Otrans se reunió con el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, y vecinos de la tentativa nueva zona roja para dialogar sobre la decisión de la Municipalidad de La Plata

Otra de las críticas fue dirigida al discurso de la inseguridad, asegurando que a través del mismo “se instalan políticas de ‘orden’ que vuelven a criminalizar nuestras identidades, como lo hicieron los Edictos Policiales y Códigos de Falta de los años 90”.

A su vez, pusieron de relieve que en esta ocasión es “el monopolio de la fuerza del Estado municipal” el que incurre en estas tendencias “expulsando y segregando los cuerpos travestis y trans a los márgenes de la ciudad” y ”exponiéndolas, una vez más, a la inseguridad y confinándolas a lugares de extrema vulnerabilidad”.

Por otro lado, también enfatizaron que la zona de la que se ‘mudará’ la zona roja “tiene una relevancia histórica para nuestra comunidad”, afirmando: “Es el lugar donde vivimos, nos concentramos, marchamos, nos juntamos, y donde ha sido asesinada más de una compañera. Es un territorio que habitamos durante años y que constituye un corredor de la memoria travesti y trans en nuestra ciudad”.

Entre otros cuestionamientos, se remarcó que, al no poder dar una respuesta concreta a la problemática, la reubicación a 122 entre 52 y 55 impulsada por la Municipalidad de La Plata abre las puertas a “un nuevo conflicto jurisdiccional con los municipios de Ensenada y Berisso”.

Sobre el final, evaluaron que desde que asumió Garro dejó “clara su postura” sobre el colectivo travesti y trans “mediante sus dichos transodiantes y patologizantes”. Esto, criticaron, da paso al “marcaje, estigmatización y la criminalización, lo que abona los discursos y prácticas transodiantes que devienen en travesticidios y transfemicidios”.

Por otro lado cuestionaron que la implementación de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, sancionada en la Provincia de Buenos Aires en 2015, “no es parte de su agenda”, y y que el colectivo deviene en “chivo expiatorio” de su administración en época de campaña electoral, “habilitando la persecución, las vejaciones, decisiones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, torturas y muertes de compañeras travestis y trans”.

“Por todo esto decimos no a la reubicación de la zona roja. Seguimos sosteniendo que este no es el camino y solo reproduce un modelo de ciudad y de país para pocos”, denunciaron sobre el final, advirtiendo que esto “maximiza los mecanismos de violencia” y esto propicia “que la expectativa de vida de nuestro colectivo sea de 35 años”.

“Nosotres creemos en que las soluciones son colectivas y deben representar la mayor pluralidad de voces posibles, donde se reconozcan los derechos de las compañeras mediante políticas públicas reales desde el municipio”, concluyeron.