Biocombustibles: la Ley Dreyfus se frena en Diputados y Buenos Aires aparece como la provincia más golpeada

La Libertad Avanza postergó la firma del dictamen de la Ley de Biocombustibles. La decisión se tomó este martes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante los pedidos de modificaciones de sus propios aliados, y arrastró también al Presupuesto 2027. El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Agricultura y Presupuesto sigue convocado para el miércoles a las 12, pero sin firma a la vista.

Con eso se cae el plan de llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre en el mismo paquete que el Presupuesto. En el oficialismo especulan ahora con dictaminar dentro de un par de semanas, votar a fin de mes y remitirlo al Senado en diciembre, aunque es una expectativa y no un cronograma cerrado.

Diez plantas y un mapa bonaerense

Ninguna provincia tiene tanto en juego como Buenos Aires. En territorio bonaerense funcionan diez plantas pymes de biodiésel, radicadas en Ramallo, Pilar, Junín, Daireaux, Bahía Blanca y Saladillo. Según CEPREB, la cámara que las agrupa, producen más de 345.000 toneladas anuales por un valor superior a los 400 millones de dólares y sostienen alrededor de 3.500 puestos de trabajo directos.

Pero el impacto no termina ahí, y ese es el punto que suele perderse en la discusión parlamentaria. Esas plantas traccionan la actividad de 96 extrusoras de soja radicadas en el interior de la provincia, que procesan el grano de productores vecinos y le venden el aceite a la planta de su región. Si el biodiésel pyme desaparece, esas extrusoras pierden a su principal comprador local y quedan obligadas a colocar su producción en el Gran Rosario, en condiciones que no fijan ellas. El daño se propaga hacia atrás sobre toda la cadena de agregado de valor en origen.

En varias de esas localidades la planta es directamente la industria del pueblo. Es el caso de Daireaux, de Saladillo, de Ramallo. No hay allí un parque industrial que absorba a los trabajadores que queden afuera.

Qué dice el texto que llegó del Senado

La media sanción aprobada el 17 de septiembre por 41 votos contra 25 eleva el corte obligatorio de biodiésel del 7,5% al 10%, pero recorta la porción reservada a las empresas no integradas en escalones: 6,5% en 2028, 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% desde 2031, hasta extinguirla en 2036.

Las no integradas son las pymes que no tienen fábrica de aceite propia y que deben comprarle el insumo principal —el aceite de soja, cerca del 80% del costo de producir biodiésel— a las mismas empresas que, con la nueva ley, pasan a ser sus competidoras. A esa desventaja se suma la geografía: la molienda está concentrada en el Gran Rosario, de modo que una planta de Daireaux o de Junín paga cientos de kilómetros de flete por el mismo aceite que su competidora tiene en la puerta.

Las cuentas nacionales de esa transferencia las hizo CEPREB: cierran 14 de las 25 plantas del país, precisamente las más alejadas del puerto de Rosario, y se pierden unos 9.500 puestos de trabajo directos e indirectos.

Un rechazo bonaerense que cruza los partidos

El reclamo de la provincia viene siendo transversal desde que el proyecto estaba en el Senado. Se pronunciaron en contra el gobernador Axel Kicillof, que recibió a la cámara del sector junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, y los intendentes de Ramallo (Mauro Poletti), Junín (Juan Fiorini), Saladillo (José Luis Salomón), Bahía Blanca (Federico Susbielles) y Daireaux (María Serra).

También hubo pronunciamientos de legisladores provinciales del peronismo, la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, y de concejales de los distritos donde están las plantas. En el Senado nacional, los bonaerenses Maximiliano Abad, Eduardo "Wado" de Pedro y Juliana Di Tullio votaron en contra.

Nada de eso alcanzó para modificar el texto en la Cámara alta. La discusión se trasladó entonces a Diputados, donde la aritmética cambió.

El PRO puso una cifra

El freno lo puso el PRO. A través de Cristian Ritondo, el bloque dejó de pedir cambios genéricos y puso un número sobre la mesa: corte obligatorio de biodiésel del 11%, con un 6% reservado a las empresas no integradas. Fernando De Andreis es la otra figura del bloque que empuja el reclamo.

La composición interna explica la firmeza. De los doce diputados del PRO, cinco son bonaerenses, uno pampeano y uno entrerriano: siete de doce representan distritos donde están las plantas que cerrarían. El argumento que esgrimen no es técnico sino territorial. La provincia de Buenos Aires ya viene atravesando una seguidilla de cierres de pymes y un cuadro económico castigado, y no está en condiciones de que el Congreso le agregue otra tanda de persianas bajas. El pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura, traslada el mismo razonamiento a General Pico y Catriló.

No están solos. La mayoría del bloque de Unión por la Patria reclama cambios al capítulo del biodiésel, en continuidad con el proyecto alternativo que el peronismo había presentado en el Senado, con el corte al 15% y segmentos diferenciados para las pymes regionales. En la Unión Cívica Radical, la diputada Karina Banfi, junto a otros legisladores del bloque, fijó posición en el mismo sentido.

Enfrente quedaron el cordobés Carlos Gutiérrez y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, con Santa Fe y las provincias azucareras detrás. Desde el cordobesismo salieron a criticar a Ritondo y al PRO bonaerense por demorar una ley que a sus distritos les conviene.

Una planta sobre el Paraná

El apodo que circula en el Congreso tiene una dirección postal. El reclamo por la nueva ley se lanzó en la planta que Louis Dreyfus Company tiene en General Lagos, sobre el Paraná santafesino, una de las mayores instalaciones de biodiésel del mundo. Allí se reunieron legisladores nacionales y provinciales con directivos aceiteros para exigir la derogación del régimen vigente, al que calificaron de "soviético", con el argumento de que la Argentina importa gasoil mientras esa capacidad instalada permanece ociosa.

Esas plantas gigantes se construyeron junto a los complejos de molienda para exportar y se quedaron sin mercado externo cuando Estados Unidos, la Unión Europea y Perú levantaron barreras antidumping contra el biodiésel argentino. El único mercado capaz de encenderlas es el interno: el que hoy, por ley, abastecen las pymes del interior bonaerense, pampeano, entrerriano y puntano.

Es el mismo grupo de empresas que en 2022 obligó a Sergio Massa a inventar el dólar soja para que liquidaran, y que en septiembre de 2025 agotó en tres días el cupo de 7.000 millones de dólares de retenciones cero, forzando al Gobierno a dar marcha atrás en medio de denuncias por información privilegiada.

En la reunión informativa de la semana pasada, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA —la cámara que nuclea a esas aceiteras, Louis Dreyfus entre ellas— y el mismo dirigente que encabezó la jornada de General Lagos, pidió que Diputados no modificara nada, bajo el argumento de que la media sanción es el resultado de una negociación federal. Federico Martelli, de CEPREB, respondió con el dato que desarma esa idea: Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis aportan el 60% del biodiésel que cubre el corte obligatorio y ninguna estuvo en la mesa donde se cerró el acuerdo.

Sin el funcionario que la escribió

Al proyecto le falta además una pieza que hasta hace una semana tenía garantizada. El jueves 22 de octubre renunció Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, el funcionario que Luis Caputo había traído desde la conducción de YPF en agosto de 2024 y que fue el verdadero arquitecto del texto. Lo anunció él mismo en un programa de streaming y Caputo lo despidió con elogios públicos.

El dato institucional pesa tanto como la salida: no habrá reemplazo. La Secretaría de Coordinación queda desactivada y las áreas pasan a sus titulares específicos, María Tettamanti en Energía y Luis Lucero en Minería.

González fue quien explicó ante las comisiones del Senado que el proyecto interpretaba la voluntad del Poder Ejecutivo y quien admitió, sin rodeos, que el esquema tendría ganadores, perdedores y afectados. También fue quien frenó las concesiones a las pymes cada vez que la negociación parlamentaria amenazó con incorporarlas.

Qué pasa ahora

La mecánica parlamentaria termina de complicar el panorama del oficialismo. Si Diputados aprueba el texto sin tocarlo, queda convertido en ley. Si introduce modificaciones, vuelve al Senado, donde el Gobierno podría insistir con la versión original por mayoría simple —la misma con la que la aprobó en septiembre— pero necesitaría otra sesión, otro acuerdo y semanas que no tiene.

A eso se suma que el oficialismo necesita al PRO para el Presupuesto 2027, el mismo bloque que esta semana le frenó las dos cosas a la vez. Por ahora, la suerte de las diez plantas bonaerenses quedó atada a esa negociación.