Guerra judicial por las obras: Kicillof denunció penalmente a Milei y Caputo por el desvío millonario del Fondo Hídrico

Según el escrito presentado en Comodoro Py, la Nación continuó cobrando a diario la alícuota sobre los combustibles destinada por ley a prevenir inundaciones, pero optó por pisar la ejecución de las obras públicas y volcar más del 85% de los recursos hacia la compra de títulos de deuda del Tesoro nacional. La embestida penal contra la cúpula del Ejecutivo traslada la disputa por los fondos de la obra pública al terreno de los tribunales federales. La acusación sobre la utilización de cajas fiduciarias para financiamiento del Tesoro abre un flanco de alta sensibilidad legal para el Palacio de Hacienda.

La denuncia bonaerense detalla que entre enero de 2024 y mayo de 2026 el Fondo Hídrico recaudó $375.422 millones a través del impuesto específico en las estaciones de servicio de todo el país, pero la Nación apenas ejecutó un 30,9% en obras de saneamiento, dejando $259.431 millones sin aplicar a sus fines legales. Desde la administración provincial remarcaron que el "secuestro" de estas partidas resulta de extrema gravedad frente al avance del fenómeno climático El Niño y la amenaza de lluvias extremas en los cascos urbanos del conurbano y el interior. El argumento de la negligencia ante emergencias climáticas busca responsabilizar a la Rosada por eventuales anegamientos en distritos clave. El freno total a los desembolsos de infraestructura congeló la limpieza de arroyos y la expansión de colectores.

Para el equipo de Kicillof, la maniobra económica excede el mero recorte de partidas y configura los delitos de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y administración fraudulenta. En La Plata argumentan que el Gobierno nacional "se queda con el dinero en la caja para sostener el superávit financiero mediante la timba de títulos públicos", mientras condena a millones de vecinos del Gran Buenos Aires y el interior a la intemperie hídrica. El planteo bonaerense sobre el uso indebido de asignaciones específicas busca sentar un precedente para frenar la discrecionalidad fiscal de la gestión libertaria. La denuncia como herramienta de fricción política ratifica al gobernador como el principal contrapeso opositor.

En el Palacio de Hacienda rechazan las acusaciones de la provincia y defienden el congelamiento de giros en el marco de la política de equilibrio fiscal irrestricto, argumentando que las jurisdicciones provinciales deben asumir la financiación directa de sus obras de infraestructura local. Sin embargo, el avance del expediente en Comodoro Py obligará a los letrados del Ministerio de Economía a justificar el destino contable de los fideicomisos y los saldos colocados en instrumentos de deuda. La resistencia del Gabinete nacional a ceder recursos tensiona la relación con los gobernadores. La prueba documental sobre las partidas presupuestarias definirá la suerte de la causa en el fuero federal.

Si la Justicia Federal decide dar lugar a la instrucción e impulsar medidas de prueba sobre la tesorería del Fondo Hídrico, el conflicto por la obra pública podría transformarse en un dolor de cabeza penal para la conducción económica de Milei. De lo contrario, el expediente quedará archivado como un capítulo más de la batalla política entre La Plata y la Casa Rosada. La judicialización de la caja presupuestaria abre un nuevo frente de tormenta entre ambas gestiones.

En los próximos días, el sorteo de la causa determinará qué juzgado federal asumirá la instrucción del expediente contra el Presidente y su ministro de Economía. La respuesta de Comodoro Py marcará el ritmo de una controversia que promete escalar en la agenda política nacional. El cruce por las cajas de la obra pública sostiene la máxima tensión institucional.