POLíTICA | 23 SEP 2026
DEBATE IMPOSITIVO EN EL CONGRESO
Contraofensiva legislativa: el kirchnerismo busca gravar la fuga de divisas para financiar áreas críticas
El diputado nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital. La iniciativa propone aplicar una alícuota del tres por ciento a la salida de divisas, valores y activos virtuales hacia el exterior del país.
Lo recaudado tendrá una asignación específica de carácter federal para contrarrestar el fuerte ajuste del gobierno de Javier Milei en las provincias. De esta manera, el bloque opositor intenta estructurar una fuente de financiamiento alternativa destinada a jubilaciones, salud, educación y medicamentos.
El proyecto de Unión por la Patria busca blindar las arcas provinciales frente al drástico recorte de las partidas presupuestarias dispuesto por la Casa Rosada. La propuesta crea un gravamen del 3% sobre las operaciones de salida de activos, una tasa que se elevará en un dos por ciento adicional si los fondos tienen como destino guaridas fiscales. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico y político de legisladores clave del espacio, entre los que destacan Carlos Castagneto, Julia Strada, Sergio Palazzo e Itai Hagman.
Los fundamentos del texto legislativo trazan un crudo diagnóstico sobre el impacto de la motosierra en la coparticipación y el federalismo durante los últimos años. Las transferencias no automáticas a las provincias se desplomaron un 72,8% en términos reales, asfixiando la capacidad de gobernabilidad de intendentes y mandatarios provinciales. Ante la profundización de este rumbo en el proyecto de Presupuesto 2027, el kirchnerismo apuesta a capturar la renta financiera excedente para sostener las autonomías locales.
El diseño técnico de la nueva herramienta impositiva se inspiró en esquemas vigentes de la región, buscando evitar cuestionamientos sobre supuestas trabas a la producción. La ley toma como modelo el Impuesto sobre Operaciones Financieras de Brasil, aclarando explícitamente que no penaliza las importaciones registradas ni el comercio exterior legítimo. Los impulsores enfatizan que no se trata de una carga sobre el ahorro que permanece en el país, el trabajo o el consumo minorista de los ciudadanos.
La distribución de los recursos proyectados establece un esquema de asignaciones rígidas para evitar que los fondos se desvíen hacia el pago de gastos corrientes generales. El sesenta por ciento de la recaudación total se girará directamente a provincias y municipios para infraestructura y salarios de los sectores más postergados. El cuarenta por ciento restante se repartirá en porciones iguales entre el sistema previsional, la educación pública, la cobertura de discapacidad y las prestaciones médicas operadas por el PAMI.
De acuerdo a las estimaciones de los equipos económicos que diseñaron el proyecto, el potencial fiscal de la medida alteraría significativamente el balance de recursos actual. El potencial de recaudación mínima se estima en 2,89 billones de pesos, un volumen que equivale a diez veces todo lo girado en transferencias de capital durante el último año. La cifra se convertirá en el principal argumento de la oposición para presionar a los bloques provinciales dialoguistas dentro del recinto de sesiones.
La batalla legislativa que abre esta iniciativa pondrá a prueba la cohesión de los distintos bloques opositores frente al férreo dogmatismo fiscal del Poder Ejecutivo. El oficialismo ya anticipó su rechazo total a la creación de nuevos tributos, argumentando que cualquier carga sobre los flujos de capital espanta las inversiones extranjeras directas. El debate que se avecina en las comisiones de la Cámara de Diputados medirá si el peronismo logra articular una mayoría capaz de torcerle el brazo a la agenda libertaria.
