Retirada vial: el Gobierno nacional transfiere a Río Negro el mantenimiento de los accesos clave a Vaca Muerta

Las rutas en cuestión registran un estado de abandono crítico debido al desvío de los fondos específicos que recauda el Estado nacional. Para frenar el deterioro y garantizar la seguridad del corredor productivo, la administración local asumirá un millonario endeudamiento en moneda extranjera. El traspaso expone la consolidación de un modelo donde las provincias deben financiar con recursos propios las obligaciones postergadas por la Nación.

La decisión de transferir la responsabilidad civil sobre los caminos troncales de la región expone el repliegue definitivo del Estado nacional en materia de conectividad terrestre. La Casa Rosada formalizó el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita del gobierno de Río Negro, desentendiéndose de la traza que atraviesa el Alto Valle. Las arterias viales, fundamentales para el flujo diario de camiones pesados e insumos industriales, muestran baches profundos, falta de señalización y banquinas descalzadas.

El argumento técnico que precipitó esta drástica regionalización de la infraestructura radica en la asfixia financiera que Vialidad Nacional sufre desde el inicio del ciclo libertario. Los recursos del impuesto a los combustibles fueron desviados por el Ejecutivo hacia el sostenimiento del superávit fiscal y el pago de compromisos de deuda, en lugar de asignarse a las obras de bacheo. Esta discrecionalidad presupuestaria dejó cientos de kilómetros de asfalto en una situación de vulnerabilidad extrema que pone en riesgo la vida de los usuarios.

Para hacer frente a la alarmante degradación del asfalto y evitar la parálisis del corredor hidrocarburífero, el gobierno provincial debió estructurar una ingeniería financiera de emergencia. Río Negro tomará un crédito internacional de 60 millones de dólares para financiar de forma directa las obras de repavimentación y ensanche que el gobierno central abandonó. La decisión del gobernador Alberto Weretilneck busca mitigar los costos logísticos que las empresas del sector energético ya trasladan a los precios de boca de pozo.

La reactivación de estas trazas se considera una prioridad de máxima urgencia para las operadoras que explotan los yacimientos no convencionales de la cuenca neuquina. El pésimo estado de la ruta 151 multiplicó los accidentes viales y los retrasos en las cadenas de suministro de arena de fractura, caños e instrumental de precisión. La incapacidad de la Nación para garantizar la transitabilidad obligó a un pacto político apurado, donde las provincias asumen las competencias pero también las deudas estructurales.

El traspaso de las obligaciones caminales encendió las alarmas entre los jefes comunales de la región, quienes temen que la provincia deba recurrir a esquemas de peaje para costear el mantenimiento futuro. Las intendencias locales exigen que la coparticipación del gravamen al combustible sea revisada de forma urgente en el Congreso para devolverle sustentabilidad a los distritos periféricos. El malestar vecinal por el cobro de nuevas tasas sobre un servicio originalmente nacional amenaza con tensionar la relación con la gobernación.

Este movimiento logístico fija un precedente clave para el resto de las jurisdicciones patagónicas que padecen el abandono de sus redes de conectividad terrestre por parte de la Nación. El éxito del plan vial rionegrino quedará supeditado a la aprobación legislativa del endeudamiento externo y a la velocidad de ejecución de las empresas contratistas locales. Mientras tanto, los usuarios del Alto Valle continuarán transitando caminos deteriorados, pagando de sus bolsillos el costo de una infraestructura que el Estado nacional decidió delegar.