La ampliación del cupo fiscal busca destrabar un histórico reclamo de las cámaras empresariales que denuncian la pérdida de capital de trabajo por la inflación. El saldo a favor técnico del impuesto actúa como un préstamo a tasa cero que las compañías le otorgan involuntariamente al fisco nacional. Con esta inyección de fondos, el equipo económico pretende dinamizar los niveles de liquidez de las industrias exportadoras y del sector agropecuario de manera inmediata. La ampliación de $50.000 millones busca devolver liquidez al sector productivo en un contexto de caída del consumo.
A pesar del impacto positivo del anuncio, la letra chica de la resolución establece un riguroso sistema de categorización que limita el beneficio. La prioridad de cobro será asignada exclusivamente a aquellas firmas que ostenten una calificación de bajo riesgo en el Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER). Aquellas micro y pequeñas empresas que registren la mínima inconsistencia formal en sus declaraciones juradas quedarán postergadas de forma automática en los listados de pago. Los filtros de cumplimiento de ARCA restringirán el acceso de pymes que tengan deudas previsionales o impositivas.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) emitió un duro comunicado advirtiendo que la medida discrimina a los sectores comerciales más vulnerables. Desde la entidad argumentaron que la recesión actual provocó atrasos generalizados en las obligaciones patronales de las firmas con menor capacidad de financiamiento. Los dirigentes fabriles sostienen que son justamente esas empresas rezagadas las que con mayor urgencia necesitan recuperar el dinero retenido por el fisco. Las cámaras empresariales reclaman una flexibilización de los requisitos formales para no excluir a los comercios asfixiados.
Por el lado del oficialismo, defienden el diseño del programa argumentando la necesidad imperiosa de mantener bajo control la meta del superávit fiscal interanual. Los técnicos de la agencia de recaudación sostienen que liberar los pagos de manera masiva y sin controles estrictos pondría en riesgo la estabilidad monetaria. La estrategia apunta a premiar la conducta fiscal de los contribuyentes cumplidores mientras se avanza en la digitalización total de los trámites de reintegro. El Gobierno nacional justifica las restricciones para proteger el equilibrio financiero de las cuentas públicas.
El impacto de este alivio selectivo se sentirá con disparidad en las diferentes provincias y economías regionales del país durante el próximo trimestre. Las industrias con perfiles exportadores consolidados serán las principales beneficiarias debido a que sus estructuras técnicas ya cumplen con los estándares de la agencia tributaria. Para el resto del universo corporativo, el desafío consistirá en regularizar sus carpetas contables antes de que se agote el nuevo cupo asignado por el Estado. La devolución de saldos de IVA profundizará la brecha comercial entre pymes grandes y microempresas.