Las calles del centro platense volvieron a convertirse en el escenario de una intensa jornada de protesta y reclamo social. Una nutrida columna de manifestantes se concentró en las puertas de la Delegación Regional La Plata del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ubicada en la intersección de las calles 6 y 56. El bloqueo de la calzada interrumpió de forma total la circulación en una arteria clave para el ingreso al casco urbano, provocando un fuerte dolor de cabeza para los automovilistas que transitaban a esa hora.
La medida de fuerza, fundamentada en un conflicto laboral de gran repercusión, estuvo encabezada por trabajadores y agrupaciones sindicales vinculadas a la industria naval. El motivo central del reclamo es la exigencia de reincorporación inmediata de dos trabajadoras del Astillero Río Santiago. Según manifestaron las entidades gremiales presentes en el lugar, las empleadas fueron desvinculadas de la fábrica estatal tras haber denunciado situaciones de violencia de género dentro de la institución.
Desde el sector sindical calificaron la decisión de la empresa como una represalia directa y denunciaron públicamente que no se respetaron los protocolos vigentes establecidos para abordar este tipo de problemáticas complejas. Los manifestantes permanecieron sobre el asfalto portando pancartas y haciendo sonar bombos para visibilizar el conflicto, mientras exigían que las autoridades provinciales garanticen condiciones laborales seguras, libres de discriminación y violencia para todo el personal de la planta.
El piquete se llevó a cabo de manera paralela al inicio de una audiencia de conciliación entre las partes convocada por la cartera laboral. Mientras los representantes gremiales y los directivos del astillero negociaban puertas adentro del edificio gubernamental, la tensión se trasladó a las veredas y cordones, donde los compañeros de las trabajadoras afectadas montaron una vigilia a la espera de una resolución favorable que destrabara el conflicto.
Como consecuencia directa de la protesta, el personal de control urbano del municipio tuvo que desviar el transporte público y los vehículos particulares hacia los accesos alternativos. Las calles periféricas colapsaron rápidamente debido al volumen de tránsito reorientado en hora pico, generando demoras generalizadas en el centro de la ciudad. Muchos comerciantes de la cuadra manifestaron su preocupación por el impacto de los cortes recurrentes en la actividad comercial diaria.
Hacia el cierre de la jornada, las organizaciones advirtieron que mantendrán el estado de alerta si no se alcanzan compromisos formales para devolver los puestos de trabajo. El caso reavivó el debate local sobre la efectividad de los comités de género en los organismos públicos y las empresas del Estado, demostrando que la estabilidad laboral y la protección de las denunciantes siguen siendo asignaturas pendientes que tensionan la paz social de la región.