Radares bajo sospecha: un pedido de informes por las fotomultas sacude el debate político en La Plata

El requerimiento, impulsado formalmente por los legisladores locales Gastón Álvarez, Florencia Defeo y Guillermo Bardón, impone un plazo perentorio de 30 días para que la Comuna responda las inquietudes. Las secretarías de Modernización y de Control Urbano y Convivencia Ciudadana deberán remitir planillas técnicas detallando las coordenadas geográficas exactas de cada cinemómetro, ya sea fijo o móvil. Para la oposición platense, resulta indispensable corroborar si cada uno de los puntos de control cuenta con la señalización vial correspondiente y visible para los automovilistas, evitando que se conviertan en trampas de recaudación.

Uno de los ejes más sensibles del conflicto radica en los aspectos netamente legales y de mantenimiento tecnológico de los aparatos que capturan las infracciones de tránsito. El expediente solicita que el municipio certifique las fechas exactas de calibración y homologación de cada equipo ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Los ediles libertarios advierten que cualquier inconsistencia en las revisiones técnicas periódicas o en los actos administrativos que disponen su vigencia podría invalidar por completo las actas de infracción labradas, abriendo la puerta a una ola de reclamos legales por parte de los vecinos damnificados.

La controversia local se remonta a los antecedentes de la implementación del monitoreo digital, un esquema que comenzó a gestarse durante la administración del exintendente Julio Garro. En marzo de 2021 se distribuyeron cámaras de última tecnología en quince arterias neurálgicas de la ciudad, incluyendo avenidas perimetrales, diagonales y plazas de alta densidad vehicular. Aunque el esquema se pensó inicialmente como una herramienta de seguridad vial para disminuir la siniestralidad, los fundamentos del nuevo proyecto plantean la necesidad de evaluar con datos estadísticos si se está cumpliendo el rol disuasorio original o si existen fines puramente fiscales.

Los autores de la iniciativa defendieron la necesidad de contar con este relevamiento mensual discriminado para poder avanzar en legislaciones eficaces sobre movilidad urbana sustentable. Argumentan que, ante la presencia de un número desproporcionado de multas en una misma esquina, la solución no siempre pasa por la sanción económica recurrente, sino por revisar los límites de velocidad configurados o mejorar la infraestructura de la calzada. La discusión parlamentaria promete subir de tono en las próximas comisiones, donde el oficialismo municipal deberá defender la transparencia de los contratos y las cajas de recaudación de las fotomultas.

Mientras el expediente inicia su recorrido legislativo en los pasillos de calle 12, los conductores platenses siguen de cerca las derivaciones de una disputa que afecta directamente al bolsillo cotidiano. La falta de acceso público a la información sobre las ubicaciones exactas y el destino de los fondos recaudados alimenta de manera constante las sospechas de un fin meramente recaudatorio por sobre el preventivo. De cara a las próximas sesiones ordinarias, el tratamiento de este pedido de informes medirá el verdadero clima de consenso o confrontación en el tablero político de la capital provincial.