POLíTICA | 4 FEB 2026
POLíTICA Y JUSTICIA
La Justicia obligó al Gobierno a reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad
Tras un fallo judicial, el Ejecutivo puso en vigencia la norma que había sido frenada por falta de financiamiento y estableció el nuevo régimen de pensiones.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de que un fallo judicial ordenara su aplicación inmediata. La decisión se tomó tras una resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró inválida la suspensión previa de la norma y exigió su entrada en vigencia.
La ley había sido sancionada por el Congreso en septiembre de 2025, pero el Poder Ejecutivo intentó vetarla al argumentar que no contaba con los recursos necesarios para financiar las nuevas prestaciones. Aunque la Cámara de Diputados insistió con su promulgación, la implementación quedó en pausa hasta que se definiera una fuente de financiamiento, situación que derivó en la intervención de la Justicia.
La reglamentación establece los criterios para acceder al nuevo sistema de pensiones por discapacidad, las condiciones para su continuidad, las incompatibilidades con otros beneficios y los mecanismos de control. Además, dispone que las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad sean convertidas automáticamente en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
El decreto también reorganiza el esquema institucional al incorporar la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud, con el objetivo de centralizar las políticas vinculadas al sector. A su vez, instruye a ese organismo a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para definir pautas de evaluación socioeconómica y presentar un plan de auditorías dentro de los próximos 30 días.
La norma prevé que las medidas complementarias se implementen mediante acuerdos entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, respetando las competencias y presupuestos de cada jurisdicción. La reglamentación rige desde el 3 de febrero de 2026, fecha en la que fue dictado el decreto.
