El tratamiento de la reforma laboral vuelve a exponer tensiones dentro del armado político que acompaña al presidente Javier Milei. Los sectores aliados y dialoguistas advirtieron que no acompañarán el proyecto si el Ejecutivo insiste en mantener sin cambios su propuesta original, y plantearon la necesidad de abrir una instancia de negociación para introducir correcciones.
El escenario remite a lo ocurrido durante la discusión del Presupuesto 2026, cuando la Casa Rosada terminó aceptando modificaciones impulsadas por el Congreso luego de amenazar con vetar la norma. Ahora, con la reforma laboral en agenda, se repite el dilema entre sostener una postura inflexible o avanzar hacia un esquema de consensos.
Desde el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el diputado Eduardo Falcone sostuvo que su espacio apoya una modernización del sistema laboral, pero no en los términos planteados por el Gobierno. En declaraciones radiales, consideró razonable la postergación del debate y señaló que la iniciativa requiere un intercambio previo con centrales sindicales y cámaras empresarias.
El legislador remarcó que existen puntos del proyecto que generan resistencia incluso en sectores empresarios y advirtió sobre la necesidad de preservar derechos adquiridos. Según explicó, el objetivo central debería ser reducir la informalidad laboral, que alcanza a cerca de la mitad de los trabajadores del país, e incorporarlos al sistema formal.
En ese marco, Falcone aseguró que una reforma consensuada resulta más valiosa que una ley aprobada a las apuradas. Los aliados del oficialismo dejaron en claro que acompañarán una modernización laboral sólo si el Ejecutivo acepta introducir cambios sustanciales, en un intento por evitar que el proyecto naufrague antes de llegar al recinto.