El cine argentino atravesó en 2025 uno de sus momentos más delicados desde el regreso de la democracia. A los recortes impulsados por el Gobierno nacional sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) se sumó, hacia el cierre del año, un proyecto de ley que pone en riesgo los recursos que históricamente financiaron la producción audiovisual.
La iniciativa de reforma laboral presentada en el Congreso incluye artículos que eliminan impuestos específicos que alimentan el Fondo de Fomento Cinematográfico. De aprobarse sin cambios, el INCAA perdería su principal sostén económico y debería depender del presupuesto general del Estado, un escenario que especialistas del sector advierten como una amenaza directa a la continuidad de la política pública de apoyo al cine nacional.
En paralelo, la actividad del Instituto se vio reducida: despidos, recortes de funciones, concentración de áreas clave y una virtual retirada del acompañamiento en etapas fundamentales como la distribución y exhibición. Esto impactó de lleno en la presencia del cine argentino en las salas comerciales, donde las producciones nacionales quedaron relegadas frente al avance del cine extranjero.
Los números reflejan el deterioro. Aunque en 2025 se estrenaron más de 230 películas argentinas, la cuota de mercado fue mínima. Salvo excepciones puntuales, los films nacionales no lograron atraer grandes audiencias, incluso aquellos protagonizados por figuras reconocidas. La mayoría del público se concentró en un puñado de estrenos internacionales que acapararon casi la mitad de las entradas vendidas.
Ante la retracción del Estado nacional, algunas provincias comenzaron a impulsar políticas propias para sostener la producción audiovisual. Distritos como Córdoba, Mendoza, Misiones y la provincia de Buenos Aires avanzaron con leyes, fondos y programas de incentivo. Sin embargo, la falta de una estrategia nacional unificada abre interrogantes sobre el futuro de una industria que hoy sobrevive de manera fragmentada y desigual.