La Justicia federal avanzó en una causa sensible que involucra al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tras ordenar un allanamiento en las oficinas de su director, Fernando Julián Martínez. La investigación busca determinar posibles vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos denunciadas por entregar comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza.
La medida fue dispuesta por el juez Federico Villena, quien sospecha que el servicio de alimentación habría sido monopolizado mediante un esquema de empresas pantalla. Según la pesquisa, una firma sancionada previamente por irregularidades habría continuado operando a través de otra razón social, eludiendo prohibiciones judiciales.
Durante el operativo se vivieron momentos de tensión cuando Martínez intentó entregar un teléfono celular antiguo, distinto al de uso habitual. Al ser requerido por el dispositivo correcto, afirmó haberlo perdido horas antes. Sin embargo, informes técnicos indicaron que el equipo registró actividad poco tiempo antes del allanamiento, lo que despertó sospechas sobre un posible intento de ocultar información relevante.
La causa se originó a partir de denuncias de personas privadas de la libertad por alimentos en mal estado. Peritajes oficiales detectaron bacterias peligrosas en las comidas, lo que derivó en la exclusión de una empresa proveedora. No obstante, la investigación señala que la firma reemplazante utilizaba los mismos camiones, personal y circuitos de facturación.
El expediente también analiza presuntos vínculos políticos y administrativos dentro del SPF. Aunque la fiscalía cuestionó algunas medidas, el juez cuenta con respaldo institucional para avanzar en una investigación que apunta a desarmar prácticas irregulares de larga data dentro del sistema penitenciario.