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Acusan a Bullrich y a su hijo por presuntas irregularidades financieras ligadas a una cadena de cafés - Info360

POLíTICA | 16 DIC 2025

DENUNCIA JUDICIAL

Acusan a Bullrich y a su hijo por presuntas irregularidades financieras ligadas a una cadena de cafés

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia por lavado de activos y evasión fiscal vinculada al crecimiento de la marca Tostado Café. La causa quedó en la Justicia Federal.




Una denuncia penal presentada en la Justicia Federal apunta contra la senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el empresario Fernando Goijman por presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita. La presentación fue realizada por el abogado Gregorio Dalbón y se centra en el manejo empresarial de la cadena gastronómica Tostado Café.

Según el escrito judicial, la acusación busca que se investigue un entramado societario integrado por distintas firmas comerciales vinculadas a la marca, entre ellas Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A. Dalbón sostiene que la rápida expansión del negocio, que supera los 70 locales, no tendría respaldo claro en antecedentes comerciales, capital declarado ni financiamiento bancario comprobable.

La denuncia se apoya en informes periodísticos que advierten sobre la multiplicación de sociedades con domicilios coincidentes o relacionados con inmuebles atribuidos a Bullrich. En ese marco, se menciona una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires que sería relevante desde el punto de vista patrimonial y fiscal.

El abogado también señaló inconsistencias financieras, como cheques rechazados por falta de fondos, que —según plantea— contrastan con la magnitud económica que exhibe el grupo empresario. Además, alertó sobre la presencia internacional de la marca, con locales en distintos países, lo que podría implicar movimientos de fondos fuera del país que deberán ser analizados.

En relación al rol de la senadora, la denuncia aclara que el vínculo familiar no implica automáticamente responsabilidad penal, pero remarca que su cargo institucional amerita un análisis exhaustivo para descartar conflictos de intereses o eventuales beneficios indebidos. La causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y de la fiscal Alejandra Mángano, quienes deberán definir los próximos pasos de la investigación.