El Tribunal Oral Federal 2 ordenó avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente detenida en su domicilio por esta causa, junto con los de los demás condenados en el expediente Vialidad, entre ellos el empresario Lázaro Báez. El monto total supera los $684 mil millones, cifra que surge de la actualización realizada por peritos de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal.
La medida incluye 122 propiedades identificadas como incorporadas durante el período en el que, según la sentencia, se desarrolló la maniobra delictiva en Santa Cruz. Entre los bienes afectados figuran empresas como Austral Construcciones, Kank y Costilla, hoteles, terrenos y departamentos en distintas provincias, además de un inmueble a nombre de la exmandataria y bienes cedidos a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.
El tribunal sostuvo que los activos representan beneficios generados por la adjudicación irregular de obra pública, sumada a un esquema de cartelización, sobreprecios y falta de controles que impulsó el crecimiento patrimonial ilícito del grupo Báez. También rechazó los planteos de la defensa, que argumentó que los bienes no estaban vinculados a delitos y que algunos habían sido adquiridos mucho antes de las obras cuestionadas.
La resolución se fundamentó, además, en estándares internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueve la recuperación de activos como herramienta central para combatir maniobras complejas. Para los jueces, exigir una trazabilidad exacta dificultaría la persecución de delitos de esta magnitud y favorecería la impunidad económica.
Mientras la defensa de Fernández de Kirchner prepara un recurso ante Casación para frenar la ejecución, el tribunal ya dispuso que los bienes sean tasados e inscriptos en la Base de Datos de Bienes Secuestrados. Una vez completado el proceso, se notificará a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de Justicia y a obras que compensen el daño ocasionado en la infraestructura vial de Santa Cruz.