El Gobierno promulgó este lunes la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, aunque dispuso que su aplicación permanezca suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes. Así lo establece el decreto 681/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión se fundamenta en que será en el marco de la discusión del Presupuesto 2026 donde se definan los recursos necesarios para afrontar los gastos previstos por la norma. “Corresponde que los fondos se consideren en el debate parlamentario, garantizando coherencia en la planificación de las finanzas públicas”, señala el texto oficial.
La ley había sido vetada en agosto por el Ejecutivo, pero el veto fue revertido con una amplia mayoría en ambas cámaras. Tras esa instancia, el proyecto volvió al Gobierno para su promulgación, que finalmente fue concretada con la salvedad de la suspensión.
En paralelo, mediante la Decisión Administrativa 24/2025, el Ejecutivo reasignó partidas por $121.363 millones para reforzar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los fondos estarán destinados a actualizar pagos a prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas previsto en la Ley 24.901.
Con esta medida, el Gobierno busca atender compromisos inmediatos del sector mientras se resuelve en el Congreso el financiamiento integral de la emergencia.