Milei y la criptomoneda: ¿irresponsabilidad presidencial o delito?

La reciente promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei y su posterior retractación encendió la polémica sobre el uso irresponsable de las redes sociales por parte de los funcionarios públicos. En un posteo en su cuenta de X, el mandatario difundió el proyecto privado “Viva la Libertad Project”, que ofrecía inversión en la criptomoneda $Libra con la promesa de “fondear pequeñas empresas”. Horas después, y tras el revuelo generado, aclaró que no tenía relación con el mismo y eliminó la publicación.

El episodio reavivó el debate sobre la necesidad de incluir en el Código Penal sanciones por el mal uso de las redes sociales en casos donde un mensaje presidencial pueda inducir a la confusión, el fraude o el perjuicio económico a terceros. En este sentido, algunos analistas sostienen que la conducta del presidente podría entrar en conflicto con el artículo 265 del Código Penal Argentino, que establece sanciones para quienes “destruyan, inutilicen, hagan desaparecer o de cualquier forma dañen un bien ajeno”.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. Dirigentes como Martín Lousteau exigieron auditorías para determinar si hubo personas que se beneficiaron económicamente tras la publicación de Milei. Por su parte, el diputado Maximiliano Ferraro calificó el hecho como “gravísimo y escandaloso”, planteando la necesidad de establecer límites más claros sobre la responsabilidad de los funcionarios en el ámbito digital.

Mientras el debate crece, queda en evidencia que el uso de las redes sociales por parte de los líderes políticos no es un asunto menor. El caso Milei y la criptomoneda vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la regulación y las consecuencias de la desinformación en la era digital.